La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la aprobación de la ley que restringe los derechos políticos en Nicaragua, denominada «Ley de defensa de los derechos del pueblo» y urgió al régimen de Daniel Ortega a derogarla y restablecer el orden constitucional.
El organismo indicó que la norma limitaría «desproporcionadamente» los derechos políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que en su artículo 23 señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en asuntos públicos, votar y ser elegidos, y acceder a las funciones públlicas de su país, lo que debe ser garantizado por el Estado en condiciones de igualdad.
«Preocupa a la CIDH que, en las hipótesis de privación del derecho de optar a cargos de elección popular previstas en la iniciativa, se encuentren calificaciones amplias sin que se precisen procedimientos, ni autoridades competentes para su determinación», indica el comunicado fechado el seis de enero del presente.
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Añade que «junto a la falta de independencia de las ramas de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral, deriva en un grave riesgo de aplicación discrecional y arbitraria de las disposiciones contenidas en la ley, lo que, a su vez, vulneraría los derechos políticos de las personas opositoras al actual Gobierno».
El organismo alerta que esta ley se suma a otras normas aprobadas recientemente que serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país como la Ley de Ciberdelitos y de Regulación de Agentes Extranjeros.
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«Dichas normas formarían parte de una estrategia más amplia de intensificación de la represión en contra de cualquier actor o actora que se oponga a la narrativa oficial», advierten los expertos.
