Desde el 07 de diciembre de 2020, el agua ha empezado a cotizar en el mercado de la Bolsa de Valores de New York y el Chicago Mercantile Exchange (CME Group) como ocurre con el petróleo, el oro, la plata o el trigo. Se comienza a especular con este recurso tan sensible para la vida. El agua, el “oro azul”, se ha convertido en un elemento más para invertir dentro de los mercados bursátiles a futuro.
En la lista de la «nueva limpieza» de políticos afines a Arnoldo Alemán se encuentran: Jamileth Bonilla, diputada ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martha McCoy, diputada suplente ante la Asamblea Nacional, y Paul González y Melva Martínez. Asimismo, se solicitó que se retire de la afiliación del partido a Silvio Américo Calderón, quien fungía como asesor jurídico.
A finales de noviembre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó la Ley #1046 por la cual se reforma a la Ley #620, Ley General de Aguas Nacionales, y se deroga las leyes #626 y #699, lo que implica un retroceso para el aprovechamiento racional y protección de la cuenca hídrica de los lagos (Cocibolca y Xolotlán) y del río San Juan.
A partir de la Ley #1046, es posible otorgar derechos de uso de esa agua a través de concesiones o licencias administrativas (ya sea para utilizarla o para realizar vertidos en ella). Por medio de dicha Ley el Estado de Nicaragua renuncia a la gestión integral de los cuerpos de agua de la cuenca hídrica más importante de Nicaragua, por lo tanto, se abre la posibilidad a su privatización.
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Por la Ley #620, el Estado de Nicaragua mantenía la supervisión y control de las cuencas hídricas, recargar acuíferos, abastecer ciudades, regar campos de cultivo. Sin embargo, con la Ley #1046, se abre una vía estrictamente financiera: el agua se puede convertir en un activo financiero.
La Ley #1046 recién aprobada por el régimen Ortega-Murillo no puede ser deslindada de la privatización y bursatilización del agua en la bolsa valores de New York. El régimen buscará contratos de futuros especulativos del “oro azul” con el objetivo de obtener recursos para consolidar su poder y crear una dinastía.
El panorama de por sí perturbador y desolador para las partes secas del país y de la región centroamericana que enfrentarán carestía de agua en los próximos años, aterra que la dictadura utilice la privatización del recurso agua para consolidarse en el poder. Ortega apuesta a que la demanda del agua escalará alturas insospechadas debido a la disminución de la oferta, concomitante al crecimiento poblacional y al cambio climático.
Gobierno privatizará el servicio de agua y saneamiento, según Ruth Selma Herrera. Foto: Tomada de medios oficialistas.
La desnacionalización, privatización, mercantilización y bursatilización de los derechos concesionales del agua nos lleva al escenario de los mercados especulativos. Se trata de especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos. La especulación del agua estará en manos de bucaneros a buscar cómo invertir para multiplicar y retirar sus ganancias a como sea en alianza con la mafia gobernante.
Desde 1995, se afirma que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. El proceso de privatización del agua es facilitado con ley #1046. El agua es considerado un derecho humano desde 2010 por las Naciones Unidas y por la Constitución Política de Nicaragua.
La privatización del agua puede convertir a las ciudades, agricultores, ganaderos, etcétera, en cautivos de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios serán los “aguatenientes” (millonarios del agua). Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas del país.
Con la promulgación de la Ley #1046 se pasa el recurso agua del ámbito público a un ámbito público-privado, lo que permite, después, dar el salto a la especulación absoluta. Es el inicio de la bursatilización y normalización del tratamiento mercantil de un derecho humano. Pasaremos de tener un bien común a tener una commodities (mercancía) controlada por el capital privado en alianza con el régimen Ortega-Murillo.
Síndrome de Hubris: la enfermedad de Ortega-Murillo. Foto: Artículo 66/ EFE.
La privatización / bursatilización del agua incentiva la apropiación privada y el despojo del bien común imprescindible para la vida y relega formas públicas o colectivas de gestión, al tiempo que perpetúa la mercantilización de la vida. En el ganar-ganar de la lógica de la alianza Ortega + capital privado perdemos todos el derecho universal a la vida.
La privatización / bursatilización de este derecho humano podría abrir la puerta a una “triple variable” que transforme el acceso agua tal y como se conoce. En primer lugar, la accesibilidad estará marcada por la rentabilidad económica, la especulación. En segundo lugar, la asequibilidad quedará condicionada a las fluctuaciones de precios del mercado, lo que generaría una inequidad social más repercutiendo negativamente en el campesinado al dispararse al alza el precio del agua. El tercer factor es la “concentración de poder” en manos del capital privado, es decir, tendrán el control de la vida porque el agua es la vida misma y se produciría el desplazamiento de la idea de bien común como principio básico de toda gestión hídrica.
La deforestación, el despale indiscriminado por parte de la mafia madera, la crisis climática ya ha mermado la disponibilidad del agua respecto a los últimos 50 años. Igualmente, no sólo llueve menos, sino que lo hace de una forma irregular. El cambio climático está trayendo más sequías y eso va a hacer que necesitemos más agua para labrar la tierra.
En Centroamérica están los países que tienen agua: Guatemala y Honduras suficiente; el país que tiene alto estrés hídrico: El Salvador; el país que tiende a estar estresado hídricamente en poco tiempo o con déficit de agua: Costa Rica; por último, el país que tiene potencialidad de exportar agua: Nicaragua, país con suficiente tierra y agua.
La cotización del agua está en US$ 486,53 dólares por acre pie, una medida que equivale a cerca de 1,233.48 de metros cúbico de agua. De acuerdo al científico, Salvador Montenegro Guillén, “la descarga de agua del Gran Lago Cocibolca sobre el Río San Juan promedia, en el período 1969-2014, la entrega de 590 metros cúbicos por segundo, es decir 50.9 millones de metros cúbicos por día”. Usando el precio de US$ 0.39 por metros cúbicos, por la descarga de agua (“oro azul”) de un día, se obtendría un monto de US$ 20.1 millones de dólares diarios. Serían nada menos US$ 7,338.3 millones de dólares en todo un año.
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Si al lago Cocibolca se le sube 10 centímetros su actual nivel de agua, tendríamos la capacidad de abastecer de agua a toda Centroamérica, para lograrlo es necesario poner una compuerta que permita mantener, al mismo tiempo, el ecosistema del Río San Juan e incrementar el volumen de agua del lago para abastecer las necesidades nacionales y exportar. Los posibles clientes serían Costa Rica y El Salvador, si hoy Nicaragua comenzará a comercializar/exportar al agua se duplicaría el valor de un año de las exportaciones que actualmente hace.
Precisamente por esa es la razón de que el régimen haya aprobado la Ley #1046 que permite la privatización / bursatilización del recurso del agua al permitir concesionar el agua a un capital privado que podría controlar el abastecimiento. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que le importará a las empresas y consorcios privados que obtengan la concesión para gestionar y explotar este bien común es sus beneficios o ganancias que puedan obtener.
El verdadero objetivo de la ley #1046 va en dirección estratégica de controlar el agua. Ortega piensa que a través de esa ley puede consolidar su poder político, ya que dominando el agua gobernará la vida de las personas y del país. Por otro lado, la ley le permite dar concesiones de aprovechamiento a los miembros de la nueva oligarquía facilitando su acumulación de capital, sin invertir un centavo pueden venderla al capital privado, lucrándose.
Un gobierno democrático tiene que implementar un marco legal que garantice el acceso al agua como derecho humano para todas las personas, se articule con la consecución de la soberanía alimentaria nacional, imponga las más estrictas regulaciones a las industrias que amenazan la calidad y la disponibilidad del líquido (la minería), y establezca tarifas suficientes para quienes lucran con el agua (gaseosas, cervezas, agua purificada, etcétera).
Es evidente que, para sacar adelante semejante legislación, se requiere una toma de conciencia simultánea acerca de la escasez del agua, de los peligros de privatizarla y las posibilidades de exportar el agua, manteniendo la lucha en defensa por el agua y por la vida. La defensa del agua es parte de una lucha más amplia contra la dictadura totalitaria, extractivista y patriarcal, que quiere mercantilizar la vida.
