La Central Sandinista de Trabajadores «José Benito Escobar» informó que la planta textil BWA, en Diriamba, Carazo, cerró operaciones, después de declararse en «bancarrota».
La salida del país de esa zona franca deja en el desempleo a 2,035 trabajadores. Miguel Ruiz, de la CST y miembro de la Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila, aseguró que el 31 de diciembre de 2020 la empresa de capital estadounidense solicitó al Ministerio del Trabajo el despido de los colaboradores.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el allanamiento ilegal y abuso de autoridad por parte de la Policía en contra del periodista y director de Radio Darío, en León, Aníbal Toruño, bajo la excusa que buscaban drogas.
El organismo calificó la acción del régimen de Daniel Ortega como una estrategia de intensificación del hostigamiento estatal. La CIDH le recordó al gobierno de Nicaragua que el periodista Aníbal Toruño es beneficiario de medidas cautelares. Asimismo, volvió a insistir en el cese inmediato de la represión en Nicaragua.
El Ministerio de Salud (Minsa) afirma en su más reciente informe que a la fecha Nicaragua alcanza 6,097 casos confirmados de COVID-19 y un total de 166 decesos por el virus. Según la institución gubernamental, en la semana que comprende del 29 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021, se atendieron 51 nuevos casos.
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Mientras, los decesos continúan en la cifra mínima de una persona fallecida a la semana, atribuible a coronavirus. Por su parte, el Observatorio Ciudadano reporta 11,993 casos sospechosos y los fallecimientos se acercan a los 2,900.
Mariángeles Eugenia Delgado Lindo, una joven activista, miembro del Grupo de Apoyo Nacional (GAN); organización que forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), denunció ser víctima de asedio policial, situación que enfrenta desde el 23 de diciembre de 2020, tras participar en un piquete exprés en carretera a Masaya demandando la libertad por los presos políticos.
La autoconvocada afirma que esa acción la ubicó en la «lista negra» del régimen orteguista, mismo que desde hace dos semanas le mandó uniformados a vigilar la casa de su madre y luego ubicaron a policías en la entrada del residencial en el que ella vive bajo el pretexto de prevención de robos.
