Más de 300 empresas están siendo acosadas por las acciones confiscatorias y fiscales del régimen de Daniel Ortega, denunció este miércoles, siete de octubre, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy.
El representante del gremio adelantó que la organización empresarial conformó dos grupos de trabajo para analizar la situación y elaborar una estrategia ante las arbitrariedades y que para ello, cada cámara levantará un listado de empresas afectadas. «Tenemos entendido que sobrepasa las 300 empresas (afectadas)», afirmó.
Healy explicó que se creó una comisión tributaria conformada por técnicos y presidentes de cámaras «que estará trabajando de la mano con el grupo de trabajo económico y comisión jurídica para que brinde, en un corto plazo, las acciones a tomar».
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A su vez, el Cosep publicó un comunicado que denuncia las «acciones confiscatorias y fiscales en contra de NICAVISION, empresa dueña de Canal 12, la cual fue objeto de un embargo ilegal promovido por la Dirección General de Impuestos (DGI), situación que se ha agravado aún más con el nuevo reparo ilegal».
«Consideramos que son actos claros y evidentes de represión fiscal y judicial que se suman a las diferentes acciones gubernamentales inconstitucionales de presión, represalias y persecución contra los medios de comunicación independientes que aún logran sobrevivir al estado policial instalado desde abril de 2018», señala el comunicado.

Añade que esta acción constituye «violaciones a la libertad de prensa y al libre ejercicio de las actividades económicas que evidencian el proceder autoritario del gobierno de continuar cerrando y confiscando de hecho más empresas privadas del país».
Healy detalló que «cada caso es diferente en ver cómo están apretando y cómo están usando a la Dirección General de Ingresos (DGI) como un órgano opresor contra las empresas y contra el sector privado». Ejemplificó que una deuda de Canal 12 que andaba por los 800 mil córdobas, hoy se volvió una deuda de 28 millones de córdobas.
«Aquí lo que se debe hacer es un análisis de cómo ha sido aplicada la reforma tributaria, la cual está siendo mal usada por el gobierno y la está ocupando como un órgano de represión contra las empresas, contra los medios de comunicación y contra los mismos nicaragüenses», manifestó el representante.
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El empresario añadió que el ahogamiento fiscal inicia con el «sobrecobro» de Impuesto sobre la Renta (IR) que se le aplica a las grandes empresas, establecido en la reforma a la Ley de Concertación Tributaria de 2019 que aumentó el IR del 1% al 3%.
«Solo con el enterado del 3%, (las empresas) están pagando alrededor de 200 por ciento más de impuesto de lo que deberían estar pagando», denunció Healy, detallando que «800 empresas están pagando el 85 por ciento de los impuestos.
«Hay muchas (empresas) que han quebrado, no tenemos el dato exacto, pero sabemos que si ésto continúa van a quebrar todas posiblemente. Esto se puede volver caótico y el gobierno tiene que comprender un «Basta Ya» y empezar a tomar acciones (para beneficio de) todo el pueblo», alertó.
Señores empresarios es hora de levantar la cabeza, lucharemos por nuestras libertades y respeto a nuestros derechos.
Señores del COSEP dejen de agrupar empresas que toda la vida no han pagado impuestos, estas empresas hoy se oportuna de la cituacituacion que vive el país.
El que debe impuestos debe pagar y sean ustedes unos irresponsables en querer defender lo indefendible ya que esa es la filosofía de estos malos empresarios que hay en Nicaragua.
Señores del COSEP y de seguro son más de 300 empresas deben haber más.
En costa rica en estos últimos días condenaron a 10 de prisión a unos empresarios que tenían 16 años de no pagar impuestos y los casos estaban en la vía judicial y esta semana ya quedaron en firme la sentencia y la misma es de 10 años de cárcel.