El vicepresidente y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró este martes, 22 de diciembre, que la ley de Daniel Ortega que obstaculiza la participación política de opositores «es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho».
La denominada Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, normativa de Daniel Ortega con la que vetarán a los opositores para ocupar cargos públicos, entró en vigencia este día, con la premura que fue enviada y aprobada en la Asamblea Nacional, en menos de una semana.
«El deterioro de la democracia y los derechos humanos continúa en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil», alertó la Unión Europea.
El vicepresidente de la Unión Europea también también critica «la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, así como el proceso en curso de una reforma constitucional para instaurar cadena perpetua por “crímenes de odio” definidos de manera imprecisa», lo que «endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales».
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«Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva», señaló el bloque europeo, solicitando que las normativas de Ortega se alineen de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos y promuevan el papel de la sociedad civil para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimiento de oposición puedan «operar libremente».
La UE hizo un llamado al régimen a mostrar «avances tangibles» con la aplicación y respeto de «los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 entre el gobierno y la oposición cívica; la plena cooperación y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes».
«La UE apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza. La UE sigue dispuesta a colaborar y trabajar de forma constructiva con el Gobierno de Nicaragua hacia una salida pacífica y democrática de la crisis».
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