Es necesario invertir en los sectores productivos, útiles y esenciales para la población, el endeudamiento no es malo per se. Sin embargo, en el pasado reciente el país ha caído en la trampa de la deuda externa y/o eterna.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
Los que defienden el endeudamiento económico del régimen afirman: las sumas que se reciben como préstamos serán invertidas en la economía, generarán crecimiento, empleos, mejorarán las infraestructuras, aumentarán el PIB y, finalmente, producirán la riqueza necesaria para el reembolso de la deuda paralelamente a una mejora en los ingresos. Sin embargo, en realidad no ha sido así.
En el año 2007, de acuerdo al “Informe Anual 2013” del Banco Central de Nicaragua (BCN), la deuda externa total era de US$ 5,043 millones de dólares.
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En el 2016, de acuerdo con el BCN, la deuda externa total del país ascendía a US$ 10,053.5 millones de dólares. La razón entre la deuda externa total y el producto interno bruto (PIB) alcanzó el 81.3 por ciento y la razón entre deuda externa total y las exportaciones alcanzó el 184.2 por ciento.
A finales de 2017, la deuda externa total se ubicó en los US$ 11,551.1 millones de dólares. Hasta el 2017, de acuerdo al BCN, el 70 por ciento del financiamiento externo del gobierno proviene de las multilaterales Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se transformó en el principal proveedor de dinero fresco.
Hasta mayo 2018, el BID se perfiló como el mayor prestatario de Nicaragua con US$ 1,976.1 millones de dólares en adeudo; es decir, el 51 por ciento del total de préstamos provenientes de los organismos multilaterales. Le seguían el BCIE con US$ 764.9 millones de dólares y el BM con US$ 613.7 millones de dólares.
El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, en una firma de préstamo con el BCIE.
Los datos oficiales del BCN, del segundo trimestre 2019, señalan que el saldo total de la deuda externa fue de US$ 11,602.8 millones de dólares y el servicio de la deuda externa al segundo trimestre 2019 fue de US$ 825.9 millones de dólares.
A finales de agosto 2019, la suma del endeudamiento público con el BCIE y el BID representaba el 48.57 por ciento de la deuda pública externa. La deuda pública con el BID ascendía a US$ 2,072.3 millones de dólares y de US$ 1,073.0 millones de dólares con el BCIE.
El “Informe de Deuda Externa. II Trimestre 2020” del BCN indica que, en el segundo trimestre de 2020, el saldo de la deuda externa total fue de US$ 11,661.3 millones de dólares y el servicio de la deuda correspondiente al segundo trimestre 2020 fue de US$ 565.8 millones de dólares, de los cuales US$ 486.7 millones fueron pagos de principal y US$ 79.1 millones pagos de intereses y comisiones.
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En el 2020, al caer el PIB a unos US$ 11.4 mil millones de dólares y al incrementarse el monto de la deuda, la proporción de la deuda en términos de PIB aumenta, se acerca al máximo de endeudamiento. Es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales del 2020 y en el 2021.
El endeudamiento neto del país está entrando a niveles de riesgo porque la capacidad que tiene el país para pagar esa deuda disminuye. La deuda es preocupante a mediano plazo, ya que la deuda está en aumento desde el 2016: por cada dólar de incremento de esa deuda no hay generación de recursos internos para poder hacerle frente a esos pagos.
Estos riesgos no son solo para el corto plazo, se está comprometiendo el crecimiento del mediano y largo plazo. Al ir aumentando el coeficiente de deuda interna y externa, el margen de maniobra se irá estrechando; esto puede conducir a que dentro de poco el gobierno no tenga recursos para inversión que facilite el crecimiento.
La deuda total junto al aumento del déficit en la cuenta corriente (la diferencia entre las divisas que dispone el país y las que requiere para cumplir sus obligaciones financieras y comerciales), pudiera crear un problema a mediano plazo.
También hay que tomar en cuenta el diferencial entre las sumas concedidas en concepto de préstamos y las efectivamente recibidas e invertidas en el país (hay que restarle comisiones y honorarios que reciben los acreedores y los tipos de interés); la malversación del dinero público por parte de las elites (permitido por la corrupción con el sostén del régimen); los mecanismos comerciales y el tratado de libre comercio que contempla que las inversiones extranjeras tienen la libre repatriación de los beneficios; los incluso choques exógenos que debilitan severamente la capacidad para pagar la deuda (efectos del cambio climático, huracanes, crisis económica, etcétera).
Además, el país no dispone de una facultad para actuar sobre variables como los tipos de interés internacionales, el precio de las materias primas (los términos del intercambio), los grandes flujos de inversiones, las decisiones de las instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID y BCIE).
En caso de afectación con una o varias de las variables indicadas, Nicaragua puede rápidamente encontrarse asfixiado o en, todo caso, fuertemente desestabilizado.
