Desde julio de 2018, Biden reconoce que Ortega es un dictador y que su régimen es represivo. Por su lado, Ortega espera que el triunfo de Biden en las elecciones de Estados Unidos abra una nueva etapa de entendimiento; sin embargo, mantiene un discurso de línea dura que refleja su política más radical y su determinación de permanecer en el poder indefinidamente. Con esas declaraciones difícilmente hará cambiar de opinión al establishment norteamericano político hacia la dictadura.
Las decisiones de EE. UU. con relación a Nicaragua estarán basadas en las leyes vigentes, aprobadas por demócratas y republicanos, tal es el caso de la Ley Global Magnitsky y la Ley Nica Act que establece, entre otras cosas, que el régimen Ortega-Murillo es una “amenaza a la seguridad” de EE. UU.
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La política de la administración Biden-Harris adoptará una relación no amigable, pero de bajo perfil con el régimen Ortega-Murillo. La política será fría, pero haciendo cosas que serán verdaderos mensajes para Ortega y sus aliados internos. Ya que la principal preocupación de EE. UU es la posibilidad de que el régimen pueda consolidarse y de la imagen proyectada en la región.
La política de la administración Biden-Harris, durante los próximos 12 meses, tendrá ramificaciones que irán mucho más allá de las relaciones EE. UU.-Nicaragua ya que la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo puede tener una propagación imitativa de fenómenos parecidos en otros países centroamericanos lo que a su vez afectarían significativamente la política norteamericana en Centroamérica.
Biden y el régimen Ortega-Murillo
Con el gobierno Biden-Harris, la política norteamericana tendrá un cambio en el tono y en las formas, pero no en el fondo de cómo tratar a la dictadura. Todo parece indicar que en el equipo Biden-Harris existe un consenso unánime sobre el camino a seguir hacia la dictadura.
La posible aplicación de la Ley Global Magnitsky y la Ley Nica Act que implicaría el bloqueo de préstamos de los organismos financieros internacionales y la presión a las empresas e inversionistas norteamericanos a no invertir en Nicaragua. Son acciones factibles que tendrán un impacto directo en la agonía de la dictadura.
Al mismo tiempo, la estrategia sería presionar a fondo a favor de unas elecciones transparentes en Nicaragua y no una estrategia de “modus vivendi”, ya que piensan que la política del “modus vivendi” afectaría los intereses regionales de EE. UU. y sería catastrófico para la región.
Es decir, EE.UU. buscará maximizar las presiones sobre el régimen y sus aliados internos (gran capital y políticos zancudos) para favorecer una salida a la crisis sociopolítica con un “aterrizaje al suave”, evitando su consolidación. No hay nadie en Nicaragua que dude que Ortega no tiene amigos en EE. UU.
