En medio de una crisis política, Nicaragua vive una pandemia que muta en depresión económica, social y psíquica y sociedad que viven entre el miedo y el resentimiento. La situación del país es patética y la economía está seriamente herida.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
La recesión y la pandemia han sacado a luz una realidad de hambre, de desempleo, de falta de viviendas y de ausencia de oportunidades; realidad incómoda para la dictadura, precipitada por las cinco crisis y por el actuar errático del mal gobierno que ha dejado a miles de trabajadores humildes, en las ciudades y en el campo, aguantando hambre y necesidades.
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El pleito del dictador y el gran capital es una disputa por la hegemonía del poder; las recientemente leyes aprobadas son para dejar claro quien manda. Para ello, utiliza el perjurio, la represión, la mentira y la astucia frente a la ingenuidad de los alfiles políticos del gran capital. El dictador en su desesperación por mantenerse en el poder y garantizar su impunidad para su círculo íntimo se aferra al poder retorciendo todo el entramado institucional.
Para sobrevivir la dictadura utilizará una combinación del poder duro (represión generalizada) y poder blando (elecciones y negociaciones), utilizando su desequilibrante superioridad militar, policial y paramilitar. Al mismo tiempo, Ortega sabe que no puede superar esta crisis, por sí mismo, y necesita aliados estables.
Las ilusiones de apertura política a través de elecciones transparentes contrastan con realidades palpables: ninguna reforma a leyes electorales, ni atisbo de parar la represión contra la gente sencilla y líderes sociales, al contrario, más violencia y abuso del Estado, más odio contra el pueblo.
Tratará de reconstruir un bloque de poder alternativo a los movimientos sociales surgidos a partir de abril de 2018. La condición previa para la conformación de ese bloque de poder es, de una y otra forma, que los aliados cuenten, sean tomados en consideración e incorporados en las decisiones estratégicas.
El gran capital, dueños del dinero y grupos reales de poder, quiere ser un aliado privilegiado a cambio de renunciar a ser sujeto político autónomo, ser un actor con intereses propios y definidos; protagonista de una política multisectorial y ser tomados en cuenta, eso es lo que se está negociando. Esta es la línea de demarcación que puede marcar el futuro de nuestro país.
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La alianza pública-privada quiere ser refundada, para transformarla en el eje vertebrador de la estrategia política-económica futura. En esta estrategia tendrá mucha importancia lo ideológico, la plataforma política-cultural que legitime el discurso de este nuevo pacto renovado. El objetivo explícito será reconstruir el orden.
Este nuevo pacto retomará viejos temas y consignas en nombre del libre comercio, el orden y la paz, no habrá ningún cambio fundamental. Nicaragua seguirá siendo un país disfuncional en términos democráticos.
Al interior del orteguismo existe un sector que piensan que es necesario un acuerdo político para salir de la crisis, legalizar y dar estabilidad a sus negocios, favoreciendo un “aterrizaje al suave” con el objetivo de limpiar sus nombres y participación en todo el proceso represivo y despojo que han sido partícipes, necesitan lavarse las manos, quedarse con el dinero y sin el pecado.
El otro sector es primordialmente fanático y torpe, cree que hace falta más sangre y represión para evitar unas elecciones transparentes y consolidar, de esa manera, la soñada dinastía con su jefe único, partido único, doctrina, opinión y poder único.
Cada tendencia mueve sus fichas tratando de no afectar la unidad del orteguismo, manteniendo la unidad en reprimir y golpear al pueblo “desobediente”. Ambas son facciones del mismo proyecto económico y político, lo cual les garantiza el manejo del poder político dictatorial, el control social e impedir que un proyecto político alternativo acceda al poder.
Ambas camarillas se han beneficiado de la corrupción, del lavado de dinero, de la brutalidad paramilitar y la masacre policial. Esta maraña de intereses necesita garantizar la impunidad, la ganancia y los bienes adquiridos; de ahí la necesidad de entablar una nueva alianza entre el gran capital y el dictador, y de mantener subordinados a los políticos zancudos mafiosos y corruptos al dictador.
La historia nos enseña que la dictadura ha cometido crímenes atroces para favorecer los privilegios de la clase hegemónica (nueva y vieja oligarquía), pero luego quieren lavarse la cara y se hacen las víctimas del repudio popular para que ambas fracciones de la clase hegemónica sigan compartiendo el poder a través de un nuevo pacto.
