La Coalición Nacional condenó la poca beligerancia del Gobierno de Nicaragua para apoyar a los damnificados en la Costa Caribe, tras el paso del huracán Eta, que dejó severos daños materiales y el fallecimiento de dos mineros artesanales tras un deslave. El organismo además reprochó las acciones del régimen en contra de organizaciones no gubernamentales que se han dispuesto a recolectar víveres y medicinas para hacerlas llegar a las comunidades afectadas, lo que tildaron como una criminalización a la solidaridad.
La Coalición le recordó a la administración orteguista que es su obligación como Estado proveer atención y mitigar los daños causados por desastres naturales y que ese apoyo no deben convertirlo en una bandera de campaña para hacer proselitismo político.
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En esa misma línea, se pronunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, criticando el hostigamiento policial que desató el régimen contra los ciudadanos que se organizaron para ayudar a la población afectada por el fenómeno climático. La obstaculización a esas colectas las calificaron como acciones reprochables e inhumanas. «Recordamos al gobierno que la solidaridad no es un delito, la persecución y criminalización sí lo son», destacaron los defensores a través de un comunicado.
La Alcaldía de Murra, en Nueva Segovia, bajo la administración del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que la administración en el poder miente y que no fueron los orteguistas los que garantizaron la maquinaria para rehabilitar la zona que se vio afectada por el huracán Eta cerca de uno de los puentes de la zona que colapsó como producto de las lluvias y los fuertes vientos provocados por Eta.
CxL asegura que esa labor se realizó en conjunto con la Iglesia católica, población, empresa privada y municipalidad, lo que permitió que pronto se lograra la mejora. Asimismo, señalaron que las instituciones estatales se hicieron de oídos sordos cuando solicitaron una reunión anticipada al impacto del huracán. En páginas de Facebook administradas por el FSLN, indican que esa reparación se hizo por orientaciones del mayor general en retiro, el sancionado Óscar Mojica, director del MTI, en conjunto con secretarios departamentales del partido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de 41 presos políticos que están en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por considerar que sus vidas están en riesgo dentro de las prisiones donde los mantienen en condiciones difíciles, según indica la resolución publicada en el sitio oficial de del organismo regional.
La entidad cataloga a esos ciudadanos como «presos o presas políticas» y destaca que están ubicados en siete diferentes centros penales del país. Además, insisten en que en las prisiones hay falta de atención médica, lo que hace que peligre más su integridad en el actual contexto de la pandemia por el COVID-19.
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El Ministerio de Salud (Minsa) presentó su informe sobre el impacto que ha dejado la pandemia del coronavirus en Nicaragua, desde que se registró de forma oficial el primer paciente positivo el 18 de marzo de 2020. De acuerdo con el recuento semanal, presentado dos días después de la fecha de corte con cierre al tres de noviembre, en siete días en el país se registraron 77 nuevos casos confirmados y un fallecido. Con estos números, la cifra de decesos alcanza en total los 157 y los ciudadanos que se han contagiado llegan a 5,591.