Ni la emergencia ante el azote del fenómeno meteorológico Eta detuvo las intenciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de instaurar en el país la pena de «prisión perpetua» contra supuestos «crímenes de odio». Los operadores del régimen en la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles, tres de noviembre, el dictamen para reformar el artículo 37 de la Constitución Política.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
La iniciativa de reforma constitucional abre el camino a una posterior reforma al Código Penal que actualmente establece una pena máxima de 30 años. La iniciativa nació justificada por la ola de femicidios en el país y fue impulsada intensamente por la vicemandataria Rosario Murillo, cuyo régimen ha calificado como «crímenes de odio» los supuestos actos realizados por la oposición durante las protestas sociales de 2018.
En tiempo récord, la Comisión Especial desarrolló el proceso de consulta el 30 de octubre, en el que participó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la República (PGR), el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
La Comisión Especial está integrada por los sandinistas Edwin Castro, María Auxiliadora Martínez Corrales, Irma de Jesús Dávila, Carlos Emilio López, Gloria Maradiaga, Johanna del Carmen Luna, Jenny Martínez y Maryinis Vallejos. También es parte el diputado Mauricio Orué, por la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense y del Partido Liberal Independiente (ALN/PLI), y los diputados Jimmy Blandón y Maximino Rodríguez, por el PLC.
«La firmaron todos los diputados del oficialismo más el de la ALN/PLI», confirmó el diputado Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien aseguró que los dos legisladores del PLC fueron los únicos en mostrarse en contra.
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«Los diputados Jimmy Blandón y mi persona no (firmamos) porque esa palabrita de crímenes de odio y la forma como la dejan, discrecionalmente, está diseñada para atacar a los sectores opositores a la dictadura de Daniel», indicó Rodríguez.
La iniciativa de reforma establece en el «Artículo 37. La pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de treinta años», en la primera parte.
«Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia regulará su aplicación», reza el restante del mismo artículo, dejando a discreción de los operadores judiciales del régimen los delitos y personas que causen este tipo de emociones.
«Recordemos que eso pertenece a un combo. Ya se aprobaron dos leyes, y ahora van con la prisión perpetua», señaló Rodríguez, en referencia al combo de leyes represivas que impulsa el régimen, de la que son parte las ya aprobadas Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Ciberdelitos.
El dictamen sería entregado de manera inmediata ante la primera Secretaría para ser incluida en la agenda del Plenario, por lo que se presume podría ser aprobada la próxima semana, en primera legislatura, por la aplanadora sandinista.
Las reformas constitucionales deben hacerse en dos periodos legislativos, es decir, el proceso de cambios debe iniciarse este año 2020, antes del 15 de diciembre, y continuar hasta después del 10 de enero de 2021 cuando inicie el próximo periodo legislativo.
