El régimen de Daniel Ortega publicó este viernes, 30 de octubre, en el diario Oficial La Gaceta la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. A partir de la fecha, la dictadura contará con 60 días para aplicar la normativa que castiga con multas y hasta con cárcel a lo que el gobierno pudiera considerar «difusión de noticias falsas».
La ley represiva fue aprobada el martes, 27 de octubre, con 70 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, pese a los cuestionamientos de pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. En tiempo récord, el régimen a través de sus operadores en la Asamblea Nacional presentó la iniciativa, la dictaminaron el 22 de octubre y una semana después la publica.
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La opositora Daysi Godoy, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en Bluefields, denunció que efectivos de la Policía del régimen Ortega-Murillo impidieron mediante asedio y presiones que la oposición realizara la reunión organizativa de la agrupación nacional en la capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La dirigente dijo a Artículo 66 que los efectivos policiales invaden la propiedad privada, apostándose hasta en el corredor de su casa y han llegado al extremo de espiarla a través de las ventanas para vigilar sus movimientos en el interior de su vivienda.
El mandatario Daniel Ortega autorizó otorgar un bien inmueble de 30,539.85 metros cuadrados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), órgano administrador de las pensiones y servicios médicos de los trabajadores del Ministerio de Gobernación y los oficiales de la sancionada Policía Nacional. Esta sería la octava propiedad que el régimen regala a los operadores de la represión, en lo que va del año. Anteriormente, la Presidencia les donó propiedades ubicadas en Chinandega (3), León (1), San Rafael del Sur (1), Boaco (1), Jinotepe, Carazo (1) y ahora Managua (1).
La dirigentes opositora e integrante de la Coalición Nacional Violeta Granera denunció que desde hace meses no solo ha sido asediada, sino que también ha sido víctima de robo por parte de efectivos policiales, quienes ahora también invaden su propiedad entrando con las patrullas hasta el parqueo privado de su vivienda. Granera relató a Artículo 66 que durante una visita de su nuera, que es de nacionalidad hondureña, mientras estaban dentro de la casa, una patrulla policial llegó exhibiendo violencia y se llevaron el vehículo de su familiar. Acto seguido, la dueña del automotor hizo todas las gestiones administrativas y legales posibles, pero nadie dio cuenta del bien robado.
