Con 70 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron la Ley Especial de Ciberdelito, conocida como Ley Mordaza, ampliamente cuestionada por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. La iniciativa castiga con multas y hasta con cárcel a las personas que el gobierno pudiera considerar «difunden noticias falsas».
Con el mismo apuro para aprobar otras leyes represivas en periodo preelectoral, los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dictaminaron favorablemente la normativa el jueves, 22 de octubre, para ser aprobada la mañana de este martes por la aplanadora del régimen.
«¿Cómo vamos a estar en contra de la tecnología?», dijo el diputado sandinista José Antonio Zepeda durante el debate, ejemplificando que el gobierno instaló wifi en algunos parques públicos. Zepeda dejó en claro que la ley fue pensada contra opositores, argumentando las razones planteadas por la pareja presidencial. «Filmaron los asesinatos, ahí están a las pruebas y ese es un ciberdelito y amenazaron usando las redes sociales», manifestó Zepeda en referencia a las protestas antigubernamentales de 2018.
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«Esta iniciativa tiene nombre y apellido, es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por el camino equivocado, por eso la bancada del PLC (…) Hemos manifestado en un voto razonado que nos oponemos en la totalidad de cualquier iniciativa que vaya en detrimento de los derechos», dijo el jefe de la bancada liberal, diputado Maximino Rodríguez.
El régimen de Daniel Ortega apresura la instauración de la prisión perpetua en Nicaragua por supuestos «crímenes de odio», cuya iniciativa de reforma constitucional fue presentada ante el Plenario este martes, 27 de octubre, para ser remitida a la Comisión Especial.
La reforma al artículo 37 de la Constitución Política, impulsada por el gobierno y promovida a la saciedad por la vocera y vicemandataria, Rosario Murillo, fue presentada el 22 de octubre ante la Primera Secretaría de la Asamblea por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue presentada cinco días después en el Pleno para ser enviada a una Comisión Especial de carácter constitucional encargada de estudiar y realizar las consultas para el respectivo dictamen.
Las reformas constitucionales deben hacerse en dos periodos legislativos, es decir, el proceso de cambios debe iniciarse este año 2020, antes del 15 de diciembre, y continuar hasta después del 10 de enero de 2021 cuando inicie el próximo periodo legislativo.
Los operadores sandinistas de la Alcaldía de Wiwilí, Jinotega, continúan presionando para tomarse el mando de la municipalidad, luego que la mañana de este martes, 27 de octubre, enviaran un dispositivo de fuerzas antidisturbios que impidió el ingreso de los trabajadores a sus oficinas, denunció la comuna liberal.
El régimen ha hecho miles de maniobras para despojar al Partido Liberal Constitucional (PLC) de la comuna. El lunes, 26 de octubre, la bancada orteguista convocó a una sesión extraordinaria que tenía como agenda la «presentación y aprobación de resolución de pérdida de condición de alcaldesa, vicealcalde, secretaria propietaria y suplente del Concejo Municipal de Wiwilí, Jinotega, y la incorporación de los compañeros que asumirían estas responsabilidades».
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La liberal señaló que de manera extraoficial fueron informados sobre el dedazo de los sandinistas Hellen Toruño y Miguel Guerrero para usurpar los cargos de alcaldesa y vicealcalde. Al respecto, declaró que el hecho es ilegal y cualquier resolución responde a «cuentos de la calle», pues la ley no legitima ninguna sesión hecha en la «calle», y en la supuesta sesión tampoco participaron los liberales para declarar quórum.
«Gente del Inifom (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) con concejales sandinistas andan entregando la Alcaldía a la mal llamada alcaldesa nombrada ayer (lunes, 26 de octubre) en una reunión realizada en la calle. Los 13 concejales sandinistas dicen que van a notificar que la Contraloría va a auditar, pero la verdad es que toda esta gente está coludida en contra de esta Alcaldía y de sus autoridades. Aquí andan con la que ayer mal nombraron alcaldesa señora Helen Arline Toruño», señalaron los liberales.
Una Rosario Murillo que a diario habla de una «Nicaragua que vive en amor cristiano» dedicó este martes, 27 de octubre, 44 minutos de su intervención en los medios oficialista para hablar de un «contraste» en el que supuestamente su administración garantiza «amor, paz, bienestar y estabilidad» mientras los opositores a su régimen, quienes según ella no tienen nada que ofrecerle al pueblo, apuestan por implantar el «terror y secuestrar al país».
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La vicemandataria que recomienda «llenar el corazón de cariño» y que otra vez apeló a la reconciliación como práctica cotidiana despotricó contra sus adversarios, a quienes no se cansa de tildarlos de «migajas, chingastes, traidores, cobardes y de vender al país».
La jueza María Ivethe Pineda Gómez, del juzgado Sexto Local Penal de Managua, reprogramó el juicio oral y público en contra del joven Kevin Monzón, de 20 años, originario de Managua, acusado por los delitos de amenazas con arma blanca a un cadete de taxis, de nombre José de la Cruz Usaga, identificado como fanático de la dictadura de Daniel Ortega.
Yonarqui Martínez, abogada del joven “tiktoker” (a como se le conoce en redes sociales), dijo Artículo 66 que la reprogramación se hizo efectiva a solicitud de la Fiscalía, debido a que ni los testigos ni la supuesta víctima llegaron a la audiencia. Además informó que el juicio se reprogramó para el cinco de noviembre a las 11:50 de la mañana y se continuará el 11 del mismo mes a las 9:30.am.
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Monzón señaló que la verdadera causa por la que está siendo señalado por la justicia de Daniel Ortega, se debe a que publica en redes sociales vídeos en contra del gobierno. «Ahora me acusan por amenazas con arma, pero la verdad que miedo no tenemos, nos quisieron callar en las calles, pero en las redes sociales no lo van a lograr.
Tras la decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) de separarse de la Coalición Nacional (CN), el exrector de la Universidad Americana (UAM) Ernesto Medina, representante del sector académico, anunció oficialmente su retiro de esa organización y aseguró a Artículo 66 que muy probablemente en los próximos días estaría incorporándose a la CN.
Medina explicó que su salida se debe a que con esa ruptura se esfuman los esfuerzos de unidad que se impulsaban en la Coalición Nacional y que sus aportes pro democracia no aportarían al cambio estando en esa acera.
«Yo tengo un compromiso con la Coalición, y es que cuando comenzó la crisis con la Alianza yo manifesté que la CN es la única alternativa y sigo pensando eso. Aún no lo he conversado con ellos, pero sí creo que la Coalición es el espacio donde yo puedo dar mi aporte. Tengo que conversarlo para ver cuál es la mejor manera, pero ahí es el espacio», indicó Medina.
