Michael Healy, presidente el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expuso este miércoles, catorce de octubre, la falta de voluntad del gobierno de Daniel Ortega para dar respuesta a los problemas sociopolíticos y económicos del país, arrastrando a Nicaragua a una economía de hace 60 años.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
Healy manifestó que, según los indicadores económicos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), «la caída del PIB (Producto Interno Bruto) va a ser alrededor del 5 por ciento este año». «Esta caída del PIB nos pone en una situación bien complicada, podríamos decir que el PIB per cápita que tenemos los nicaragüenses está comparado al que teníamos en 1962. Esto no puede seguir así», señaló Healy.
El presidente del gremio empresarial también alertó que el país ya sobrepasó los 600 mil empleos perdidos. «(Estas personas) están en una situación caótica que disminuye el consumo y se incrementa la pobreza y pobreza extrema, y es por falta de voluntad del gobierno (…) de buscar un acuerdo de nación donde se vean los temas políticos que tanto está pidiendo el pueblo de Nicaragua como reformas electorales y también en temas económicos», indicó Healy.
El sector privado describió los acontecimientos violentos del fin de semana perpetrados por operadores del régimen de Daniel Ortega en contra de opositores, donde resultó herida de gravedad la periodista y copropietaria del 100% Noticias, Verónica Chávez. «El gobierno sigue irrespetando la Constitución Política, debido a que no está acatándola, siguen agrediendo, asediando a la población, lo cual no creemos que sea lógico, es derecho de los nicaragüenses poder reunirse, manifestarse», dijo el presidente del gremio.
«Esto sigue agravándose y es deber del gobierno como facilitador, buscarle soluciones a los nicaragüenses», apuntó.
Tierras tomadas y desaprovechadas
El empresario también sacó a luz que el régimen tiene intervenidas desde las protestas de 2018 unas cinco mil manzanas, que corresponden a 29 productores, así como propiedades de presos políticos como vehículos. Muchas delas cuales quedaron a manos de parapolicías y personas afines a la dictadura, que terminaron mal administrando las tierras, dejando pérdidas millonarias, indicó Healy.
«Instamos al gobierno a que de una pronta solución. Como Upanic (representante de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua) he estado dándole seguimiento, mandándole correos a la Procuraduría de la República en dos años y medio (sin obtener respuesta)»,indicó el presidente empresarial, recordándole al régimen que la devolución de propiedades fueron acordadas en el acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en el marco de las protestas.
