El pequeño empresario Martín Medardo Buitrago Fernández, originario de León, denunció públicamente que él y su familia están siendo víctimas de asedio, al punto que no lo dejan trabajar y su familia hasta ya se ha enfermado psicológicamente.
El régimen Ortega-Murillo aprovecha la emergencia ocasionada por los huracanes Beta e Iota para echar a andar su campaña proselitista usando las donaciones de la comunidad internacional.
«Desde viernes, sábado y domingo, se han apostado frente en mi casa. A las cinco y media de la mañana, cierran la calle, ponen conos, no me dejan salir de mi casa. Se van hasta las 6 y media de la tarde. Esto me ha causado problemas psicológicos. Mi familia se ha tenido que ir de mi casa, lo secuestran a uno en su casa», señaló el ciudadano que se hizo acompañar de representantes de de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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De acuerdo con la denuncia hecha por Buitrago Fernández, él ha sufrido asedio, amenaza y persecución desde finales del 2017 cuando empezaron a quitarle los permisos de sus camiones y no le daban las solvencias fiscales pese a que cumplía con todos los requisitos de ley.
«Me quitaron todos los permisos de operación de mis camiones. No me dan las solvencias fiscales y no puedo trabajar, porque no me dejan hacer contratos con nadie. Las turbas me destruyeron una camioneta y a partir del 2018, empezaron a acosarme constantemente y asediarme y en 25 de agosto del 2018 me vi obligado a cambiar constantemente de casa hasta que al final por amenazas del comisionado Fidel Domínguez, tuvo que mudarme para Managua», expuso el microempresario.
El opositor agregó que «soy opositor y he tratado de expresarme libremente como queremos todos los nicaragüenses y por eso me asedian, me persiguen. Soy Coordinador del Frente Unido Democrático».
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El abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, dijo que luego de atender la denuncia de Buitrago Fernández el organismo defensor de los derechos humanos identifica que ha habido vulneración a sus derechos civiles y humanos, pues ni siquiera lo dejan trabajar por acciones abusivas de la Policía e instituciones del Estado.
«Es un pequeño empresario que generaba empleos y que producto del abuso de las instituciones del Gobierno, producto del asedio político ha dejado de generar esos empleos, es decir, trabajadores que perdieron el empleo. Hay persecución política contra el ciudadano y eso es un mal mensaje a los empresarios. Ahora tampoco puede ser un ciudadano que goce de una vida en paz debido al asedio policial. Vamos a estar acompañándolo en la lucha por lograr que se le respete sus derechos y libertades fundamentales», refirió el defensor.
