Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), declaró que miembros de esa organización se plantean sumarse a las demandas de los presos políticos por su libertad, que en este momento realizan una huelga de hambre. El opositor señaló que evalúan unirse a un ayuno prolongado para presionar al régimen para que cese el asedio a los familiares de los reos y les garantice a los detenidos por oponerse a los Ortega-Murillo las condiciones elementales en el penal.
El 30 de septiembre, un grupo de más de 50 prisioneros iniciaron una huelga de hambre y al menos tres presos políticos que se encuentran recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», decidieron coserse los labios con hilos de nailon como una acción más dentro de su protesta.
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32 entidades que forman parte del Secretariado de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (SONGI) dejaron claro que los grupos que forman parte de esa asociación ven «con preocupación algunos conceptos y mecanismos planteados en la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, lo que podría llevar a una situación de paralización de nuestras acciones de cooperación solidaria, en perjuicio de la población nicaragüense, máxime en las actuales condiciones de atención a los impactos de la pandemia de la COVID-19, que se manifiesta en todos los ámbitos de la salud y la economía del país y la región Centroamericana».
Jóvenes que forman parte de la Alianza Universitaria realizaron un plantón en las inmediaciones del edificio BAC, en Managua, para protestar contra la Ley Mordaza y le dejaron claro a la dictadura que hagan lo que hagan a los nicaragüenses “nos los callarán”. Con las propuestas de ley que Ortega tiene en la Asamblea busca criminalizar las protestas cívicas, enjuiciar a quien a través de las redes sociales se pronuncie contra su gobierno e impedir que se organicen quienes no siguen sus políticas.
Con ese plantón en rechazo a la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, los manifestantes aseguraron que querían demostrar que no están dispuestos a vivir bajo el totalitarismo y que el pueblo no se rendirá hasta alcanzar la libertad, justicia y democracia de Nicaragua.
Ese plantón llevó a que un fuerte contingente de policías con al menos seis patrullas se desplegara en la zona para asediar a los manifestantes. Al cierre de ese piquete, los oficiales al servicio del régimen se dedicaron a revisar los vehículos y al menos una docena de antimotines estuvo resguardando las inmediaciones del BAC para impedir cualquier nuevo intento de protesta pacífica, en el mismo día en que se convocó al tuitazo nacional con el hashtag #NoNosCallarán.
Más de 300 empresas están siendo acosadas por acciones confiscatorias y fiscales por parte del régimen de Daniel Ortega, denunció el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy. El representante del gremio adelantó que esa organización conformó dos grupos de trabajo para analizar la situación y elaborar una estrategia ante las arbitrariedades; por lo cual cada cámara levantará un listado de las empresas afectadas.
