CIDH, alarmada por anteproyectos de Ortega que buscan criminalizar al periodismo de Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mostraron su «preocupación por la escalada represiva en Nicaragua», la cual está enmarca en un combo de propuestas de ley impulsadas por el régimen de Daniel Ortega que amenazan aún más la libertad de expresión y prensa, lo cual también podría derivar en «sanciones fiscales a medios de comunicación y hostigamiento judicial a periodistas».

El organismo se refiere al anteproyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Ciberdelitos, con las que se vendrá una nueva embestida contra la oposición y contra quien se atreva a pronunciarse en desacuerdo con el gobierno de turno.

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La CIDH señala que la iniciativa que pretende controlar los fondos de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y hasta la Iglesia católica conllevará a «la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna y de «ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos». Prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de actividades».

En cuanto a la Ley Especial de Ciberdelitos, lo que más alarma a la CIDJ es que la normativa incluye «sanciones penales para la publicación o difusión de «información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población», mismas conductas que serían evaluadas por un sistema que responde a los intereses del orteguismo.

Como antesala a esta criminalización, el organismo recalca los dos reparos millonarios contra Canal 12 y Canal 10 al igual que la causas penales que le han montado a periodistas independientes, como el caso de Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, quien fue condenada por calumnias por difundir actos de corrupción que se se suscitaron en la Alcaldía de El Rama y fue denunciada por las aludidas, quienes abiertamente se declaran orteguistas. Situaciones similares atraviesan el director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón.