La Dirección General de Ingresos (DCI) insiste en atacar mediante reparos fiscales a la empresa televisiva Nicavisión-Canal 12. Esta vez le está requiriendo el pago de un monto que asciende a casi siete millones de córdobas, según informó la empresa de comunicación.
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
La notificación llegó el pasado primero de octubre por tres funcionarios de la DGI y con este nuevo monto, la institución recaudadora de impuestos reclama un total de 28 millones de córdobas a la empresa propietaria de Canal 12.
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El 30 de septiembre, la juez Silvia Elena Chica Larios resolvió que la empresa de comunicaciones debe pagar al Estado un monto superior a los 21 millones de córdobas de un primero reclamo. La judicial rechazó las pruebas presentadas por el abogado del medio de comunicación que evidencian inconsistencias en el primer reparo contra esta empresa; incluyendo una sentencia emitida por el propio Tribunal Administrativo y Tribunal Aduanero donde se reduce el monto del reparo de 8 millones de córdobas a ochocientos noventa y un mil córdobas.
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Los bienes y cuentas de Canal 12 y las propiedades personales de Mariano Valle Peters, propietario de Nicavisión continúan bajo embargo. De no resolverse esta situación, al menos cuatro propiedades podrían ser subastadas por las autoridades estatales.
Diversos Organismos Internacionales, organizaciones de periodistas y figuras de alta influencia internacional han expresado su preocupación por este ataque gubernamental contra Canal 12. Asimismo han rechazado el intento de censura que se pretende imponer al sistema informativo de este medio de comunicación.
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Recientemente el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes, lamentó las continuas acciones del Gobierno de Daniel Ortega que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país, en relación a lo que sucede con Canal 12.
Lo qué el preso 198 robarse la empresa del canal pues esa es su profesión y para el todo es legal