El representante legal de Nicavisión S.A. Canal 12, Tony López, introdujo este miércoles, 16 de septiembre, un escrito de oposición para impugnar el embargo que la Dirección General de Ingresos (DGI) presentó en contra de la empresa y su propietario.
El abogado se presentó en horas del mediodía a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) en el Complejo Judicial de Managua, donde introdujo sus argumentos y excepciones al juicio entablado por la DGI.
«Se le está pidiendo a la señora juez que reconsidere la medida y se ajuste la reducción del embargo, que no haya un ataque económico que destruya a una familia y a un empresario», señaló López al salir de los juzgados.
Añadió que el Estado, mediante la DGI, ha embargado vehículos, casa de habitación y cuentas bancarias del propietario de la empresa por montos que superan, incluso, la supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas.
«Al canal y a don Mariano Valle (propietario) se le han embargado bienes cuantiosos muy por encima de los que reclama la DGI. Se le están embargando más de 50 millones de córdobas. Es una medida lesiva y agresión económica. El Canal está paralizado porque no tiene recursos», indicó López.
El reparo contra Nicavisión S.A. se funda en ingresos no declarados, que según el representante son «inventos» de cuenta de pasivo, pago de deudores, entre otros, por lo que la empresa presentó una constancia de un contador público autorizado en el que se certifica la declaración de ingresos.
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López informó que anteriormente el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo revocó en su mayoría el reparo, pero el procurador Hernán Estrada recurrió de amparo, por lo que la resolución del Tribunal Aduanero fue revocada. «El Estado ampara el Estado», criticó, sin dar mayores detalles.
«El reparo es arbitrario e ilegal. Pienso que las autoridades del gobierno deben reflexionar y pensar que no es propicio para un clima preelectoral y electoral que prácticamente se confisque un medio de comunicación», añadió.
El procedimiento, a partir de ahora, consiste en una audiencia a la otra parte, es decir, a la DGI para que se pronuncie sobre las excepciones y el escrito de oposición que presentó la empresa Nicavisión, luego la juez dictará una citación para audiencia inicial y el caso se resuelve en una sola audiencia. La medida de embargo se puede revocar a solicitud del Juez, explicó López.
«Esperamos que se la haga justicia porque se trata de un reparo fiscal completamente arbitrario(…) Todos tenemos la imaginación para conceptualizar este tipo de medida. Es una agresión a un empresario y sobretodo tan delicada porque es contra un medio de comunicación», indicó el abogado.
