Los diputados de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional presentaron este lunes, 28 de septiembre, la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, con la que supuestamente buscan prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas. Esta nueva ley ya está siendo muy cuestionada porque podría ser utilizada para silenciar voces disidentes y arreciar la represión.
La comunidad de nicaragüenses que se encuentra radicada en el exterior y grupos internacionales que apoyan la lucha cívica en Nicaragua, emitieron una declaración de apoyo a la propuesta de reformas electorales presentada por la Coalición Nacional el pasado 22 de septiembre, en la que demandan que la dictadura acepte permitir un proceso electoral democrático y creíble, en caso que se den las elecciones generales de 2021 en Nicaragua.
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En el comunicado, los nicaragüenses en el exilio solicitan a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que presionen con acciones que obliguen a la dictadura a implementar las reformas electorales para que se garanticen unos comicios libres, transparentes y con observación internacional.
El Ejército de Nicaragua emitió este 28 de septiembre un comunicado oficial para explicar sobre la retención momentánea de al menos 18 líderes comunitarios indígenas que hacían monitoreo en la Reserva Biológica Indio Maíz.
La ONG ambientalista Fundación del Rio denunció el domingo que una patrulla del Ejército había interceptado y retenido e incluso amenazado con los fusiles AKM a unos 18 líderes del gobierno territorial Rama Kriol y de los gobiernos comunales indígenas.
El Ejército salió al paso de esas denuncias diciendo que sus soldados solo estaban cumpliendo con su misión de proteger la reserva biológica e intentó hacer ver a los líderes comunitarios como invasores de la reserva.
Este lunes, 28 de septiembre, se realizó en la Corte Suprema de Justicia, la audiencia extraordinaria de casación en el caso del preso político Jaime Navarrete Blandón, condenado por la justicia orteguista a tres años y seis meses por los delitos de posesión de estupefacientes psicotrópicos, otras sustancias controladas y posesión ilegal de armas, cuya pena la está cumpliendo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa.
Jaime Navarrete tiene 37 años, originario de Managua, fue secuestrado por primera vez en 2018 y condenado a 24 años de cárcel, supuestamente por haber asesinado a un paramilitar, sin embargo fue beneficiado con la polémica Ley de Amnistía decretada por el régimen de Daniel Ortega y salió de la cárcel el 10 de junio de 2019, pero el 24 de julio del mismo año fue nuevamente capturado y acusado por posesión de sustancias ilícitas.
