La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) brindó un informe este jueves en el que denuncia los más recientes atropellos a los derechos humanos de los nicaragüenses y destaca que los aparatos de seguridad de régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están abocados a reprimir a la oposición política y no a perseguir a la delincuencia.
El sindicalista sandinista Roberto González denunció maltrato y persecución contra trabajadores del estado por parte de los mismos sandinistas, ente ellos Gustavo Porras.
«Destacamos que en estos meses se evidencia una escalada en los niveles de violencia a nivel nacional y los aparatos de seguridad pública han estado directamente abocados a la represión y no a la prevención del delito. La Unidad Nacional denuncia estas violaciones de derechos humanos, ya que se continúa poniendo en riesgo la vida de las y los nicaragüenses. En Nicaragua, la presencia policial en las calles no está dirigida a combatir la delincuencia común u organizada, sino para evitar, a toda costa, que las personas opositoras a la dictadura vuelvan a salir a las calles a manifestarse», denunció la UNAB.
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Según el informe brindado por la organización opositora, en la cárceles del régimen permanecen 104 personas presas políticas. 94 detenidas ilegalmente tras la insurrección de abril de 2018 y 10 presos políticos detenidos antes de esta fecha. Además, señala que, al menos 22 de esos presos políticos son excarcelados que nuevamente fueron capturados y de ellos, se encuentran en celdas de máxima seguridad, en donde están sometidos a aislamiento y torturas.
Asimismo, la UNAB denuncia que las fuerzas oficiales o fanáticos del régimen han ejecutado más de 351 ataques al periodismo independiente en 2020. «La libertad de prensa en Nicaragua atraviesa una etapa oscura. Hasta hoy, cinco periodistas independientes enfrentan procesos judiciales por ejercer su labor. Nos solidarizamos, sobre todo, con la periodista Kalúa Salazar, de Radio La Costeñísima, quien ayer (23 de septiembre) fue declarada culpable por el supuesto delito de calumnia en contra de tres exfuncionarias sandinistas en el Caribe Sur».
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Los dirigentes también consideran que el mal manejo de la pandemia del COVID-19 constituye otra violación a los derechos humanos. «2,721 personas han muerto por COVID-19 en el país. Pero las autoridades sanitarias nicaragüenses registran 147 en total. Ocultando las cifras reales, tal y como es de costumbre para la dictadura. En la mayoría de los casos de fallecimientos de los últimos meses, el Ministerio de Salud no ha puesto las causas verdaderas de defunción. Esto constituye una violación a los derechos humanos y un irrespeto a las familias, quienes siguen sufriendo por sus deudos», indica el comunicado oficial.
El informe detalla que en este año se han despedido a 31 médicos de los sistema de salud publica de los cuales, 17 son doctoras y 14 doctores y que han sido destituidos de los centros hospitalarios injustamente, solo por criticar a las autoridades ante la falta de medidas efectivas para prevenir o mitigar el Coronavirus.
La denuncia de los Azul y Blanco advierte que es nueva modalidad de ataque a la oposición la implementación de leyes que pretenden desarticular el músculo opositor en Nicaragua, con la amenaza a través de la instauración de la cadena perpetua para delitos de odio, aunque se sabe que podría estar dirigida contra los opositores a los que el régimen califica de golpistas.
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Asimos, critican la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el régimen pretende criminalizar todo financiamiento externo, e impedir el ingreso de donaciones para la oposición, los medios de comunicación independientes y los organismos defensores de derechos humanos. «Esta es la nueva forma de persecución política, discriminación social y violaciones a los derechos humanos y constitucionales».
En la escalada de represión contra ciudadanos no afines al partido de gobierno, según la UNAB en lo que va de septiembre, las fuerzas represivas y sus fanáticos han ejecutado al menos 400 incidentes contra opositores entre asedios, agresiones físicas, hostigamiento y detenciones en todos los departamentos y regiones del país.
«La extrema situación de violencia en Nicaragua persiste por la falta de voluntad política de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no detienen esta crisis de violación de los derechos humanos, e incluso, de terrorismo de Estado. Nuestra sociedad no puede seguir hundiéndose debido a las ansias de poder de la pareja dictatorial», finaliza el comunicado.
