Especialistas en derecho constitucional afirman que la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de instaurar la pena de cadena perpetua a quienes cometan «crímenes de odio», incumpliría con los Tratados Internacionales de la que Nicaragua es firmante y que no resolvería la violencia generalizada, más bien constituye un tema «peligroso y desafortunado» ante la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018.
70 diputados sandinistas cumplieron la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformaron la Constitución y establecieron la prisión perpetua.
El abogado Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, dijo a Artículo 66 que la iniciativa implica una reforma parcial a la Constitución que requiere de dos legislaturas. Para ello, se deberá reformar el artículo 37 de la Carta Magna que establece que «la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años».
A través de un comunicado, la Iglesia de San Jerónimo en Masaya hizo oficial la cancelación de las fiestas patronales en honor a «Tata Chombo». Las autoridades eclesiásticas manifestaron que la decisión se debe al peligro de contagio por la pandemia del COVID-19.
Noticia relacionada: Abogados califican de «peligrosa, inhumana y ambigua» la propuesta de instaurar la cadena perpetua en Nicaragua
Sin embargo y como lo había anunciado desde el 15 de agosto la alcaldía de la ciudad, montará su propia celebración en honor a San Jerónimo y ya iniciaron con unas serie de actividades, entre ellas; la elección infantil de reina de las fiestas patronales e india bonita, lo que es considerado por los feligreses como un rechazo a las decisiones de las autoridades eclesiásticas.
Iglesia católica hace oficial la cancelación de las fiestas de San Jerónimo pero dictadura monta su propia celebración. Foto: El 19 Digital
La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo arremetió con furia y odio contra las organizaciones feministas, llamándolas “las disfrazadas” y las acusó de promover crímenes mediante el aborto desde las antiguas comisarías de la mujer.
La activista y defensora de los derechos humanos de la Mujer María Teresa Blandón, dijo que la vocera gubernamental es antifeminista y que ya las había acusado recién llegada al gobierno junto a Daniel Ortega en el 2008. «Es una campaña de estigmatización, quiere desarticular el movimiento feminista, es mas, ya ha intentado formar un movimiento feminista a su antojo que ella pueda controlarlo porque a nosotros no nos puedo controlar».
El representante legal de Canal 12, Tony López, introdujo un escrito de oposición para impugnar el embargo que la Dirección General de Ingresos (DGI) presentó en contra de la empresa y su propietario. El defensor señaló que este embargo es ilegal y arbitrario. El Estado, mediante la DGI, ha embargado vehículos, casa de habitación y cuentas bancarias del propietario de la empresa por montos que superan, incluso, la supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas.
Luego de 48 horas detenidos de manera ilegal, las autoridades de La Dirección de Auxilio Judicial en Managua, presentó al preso Político Danny García y al ciudadano William Caldera Navarrete, de la ciudad de Masaya, y los acusó de tráfico de explosivos, tenencias ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Los familiares de ambos detenidos desmienten los señalamientos por parte de la justicia orteguista y afirman que ambos fueron sacados de sus casas de forma ilegal y ahora les están imponiendo delitos comunes.
Noticia relacionada: Oficiales orteguistas secuestran nuevamente al exreo político Danny García
El Monitoreo Azul Y blanco reportó entre el siete y 13 de septiembre 231 incidencias de violaciones a los derechos humanos, en el que incluye el femicidios de dos niñas de Mulukukú, el 11 del mimo mes, a manos de un delincuente que ya fue detenido por la Policía.
En cuanto al hostigamiento policial, la organización registra que 141 personas fueron blanco de la dictadura de Daniel Ortega. También ubica 12 agresiones, 32 detenciones arbitrarias, tres judicializaciones, siete torturas y tratos crueles y tres amenazas.
En el informe se detalla que la represión ejercida por la dictadura en los últimos meses ha sido cíclica y además mal intencionada en contra de opositores «para ocultar esta política sistemática de represión, que se intensifica cuando hay fechas conmemorativas, como el caso de los días patrios. Como estrategia inhibitoria de la movilización y organización social, el régimen intensifica su asedio en los días previos a fechas conmemorativas».
