El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ presentó su informe acerca la situación actual que viven miles de nicaragüenses en Costa Rica y en otros países centroamericanos en medio de la pandemia del COVID-19 y las trabas que pone la dictadura de Daniel Ortega para retornar al país.
Según Wendy Flores, abogada del Colectivo, muchos de los nicaragüenses en el exilio que se han quedado sin trabajo, la única salida por la que han optado es regresar o vivir mendigando. La defensora de derechos humanos reprochó al gobierno de Daniel Ortega por no prestar las condiciones para un retorno seguro. «Les cobran sumas exageradas para realizarse las pruebas del COVID-19- exponiendo a todos los ciudadanos a situaciones extremas de salud». Flores también refirió que para quienes e han perdido su trabajo y desean volver por debido a la crisis económica que atraviesan se les hace imposible hacerlo de manera segura por las restricciones que el régimen ha establecido.
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«Muchos nicaragüenses optan regresar por puntos ciegos, ya que el gobierno les restringe el ingreso, recordemos lo que pasó con los ciudadanos que estuvieron varados por varias semana en (la frontera) Peñas Blancas, donde estuvieron expuestos a un sinnúmero de situaciones y que el gobierno no los trataba como humanos», indicó la abogada, quien también está exiliada.
«Debemos estar alerta por la inseguridad jurídica que se vive»
Por su lado, Karina Fonseca, del Servicio Jesuita Para Migrantes en Costa Rica, que estuvo como invitada en la presentación del informe, expresó que todos los organismos defensores deben estar alertas por la inseguridad jurídica que se vive actualmente en Nicaragua.
«Sin duda hay que pensar tener en cuenta los escenarios pospandemia o pandemia prolongada, debemos de ver cómo acomodarnos a esta situación. ¿Qué pasará con las personas que regresan a Nicaragua? Muchos sufrirán asedio y represión; es un desafío conjunto y se debe actuar en cuanto a esos escenarios».
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También Fonseca hizo hincapié en la situación que atraviesan los nicaragüenses que desean regresar a Costa Rica y que temen que se les limite la entrada por los controles fronterizos por el coronavirus. «Hay un tema de preocupación, porque hay personas que debieron regresar a su país por motivos forzados (…) y ahora que regresan a Costa Rica hay impedimento. Esto es un aviso de las medidas que el gobierno de Costa Rica puede tener».
Inconcebibles decisiones del régimen
Para Carolina Jiménez, directora adjunta de Amnistía Internacional, «retornar al país (Nicaragua) no es solo un derecho humano, sino una obligación del Estado en recibir a una persona que retorna». Las decisión de Ortega de cerrar las puertas es inconcebible, pues la delegada de Amnistía sostiene que la mayoría de ciudadanos que abandonaron el país fue en busca de «refugio y por eso, migraron hacia países como Costa Rica, Panamá y El Salvador».
Ante la actual situación que atraviesa Nicaragua y que Daniel Ortega continúa violando los derechos constitucionales, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ concluyó en su escrito que se debe exigir al régimen orteguista suspender la aplicación de disposiciones legislativas, administrativas y toda práctica que lesione e impida el retorno seguro de los nicaragüenses «y en todo caso, cumpla con su deber de protección, facilitando la realización de este derecho».
