La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condenó «la campaña de intimidación fiscal» que realiza la administración de Daniel Ortega, por medio de la Alcaldía de Managua, en contra de empresarios en el país.
«Han sido numerosos los casos de empresarios y empresarias que han sido amenazados con cárcel si no pagan abusivos cobros y multas», señala el comunicado de la organización opositora.
El dos de septiembre, el director ejecutivo de la ACJD, Juan Sebastián Chamorro, denunció ser objeto de una campaña de «terrorismo fiscal» por el cobro de nueve millones de córdobas a su familia.
«Nos solidarizamos con la familia de nuestro director ejecutivo y su esposa (…). Esta acción constituye además de un abuso de autoridad, una forma de intimidación y terrorismo fiscal», indica la Alianza.
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Señalan que este tipo de intimidación fiscal ahuyenta la inversión privada y frena la generación de empleos. A partir de la denuncia pública del empresario opositor, varias cámaras empresariales se manifestaron en contra de lo que consideran «cobros onorosos y arbitrarios».
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) también se unió al llamado manifestando que las autoridades municipales, fiscales y judiciales ahuyentan las inversiones en un contexto económico difícil para el país.
