La mañana de este jueves, la capital amaneció con otro supuesto secuestro exprés a un trabajador de una empresa nicaragüense que comercializa harina de trigo, inseguridad que parece convertirse en el “pan de cada día”.
En el último mes, las denuncias sobre inseguridad en el sector comercio y servicios ha aumentado. “Muchos de nuestros socios que distribuyen bienes y servicios, han tenido asaltos armados. Tuvimos llamadas desde los departamentos donde nos han solicitado que los apoyemos porque se les ha incrementado. En los últimos dos meses, una empresa ha sufrido cinco asaltos” señaló Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.
La empresaria indicó que, pese a que no han contabilizado las pérdidas económicas, los más expuestos son los vehículos distribuidores, y añadió que no descarta que se trate de bandas delincuenciales. “Es pertinente hacer algo, porque además de los costos de la empresas, la carga tributaria y la crisis económica, éste es un golpe mayor y un riesgo también para las personas, su integridad física”, agregó.
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El país viene arrastrando criminalidad y delincuencia desde la crisis socio-política de 2018, aunado por la violencia político estatal y el estado de excepción de facto impuesto por el gobierno desde ese mismo año, según analistas. “La inseguridad y violencia estatal se ha extendido a otras formas de violencia social vinculadas con la delincuencia y criminalidad” señaló la experta en temas de seguridad pública, Elvira Cuadra.
“Los efectos de este estado de inseguridad, especialmente cuando se promueve desde el Estado, son entre otros: incremento de incertidumbre e inseguridad entre las personas; incremento de la violencia por la impunidad con que actúan tanto la Policía como los grupos paramilitares; incremento de la delincuencia común”, indicó.
La percepción ciudadana sobre la inseguridad en el país aumentó en los primeros cuatro meses del año, según publicaciones de la encuesta realizada por la firma Cid Gallup, en los meses de mayo y junio, pasando de 47% en el mes de enero al 49%, en mayo.
El Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y éso significaría, en primera instancia, acabar con la represión y los factores de riesgo que se han promovido, indicó la experta.
“El gobierno de los Ortega-Murillo debería desactivar al menos los cinco factores de riesgo, (entre ellos), el papel represivo que está desempeñando la Policía en este momento y el abandono de sus funciones y misiones más importantes de protección ciudadana y prevención del delito”, indicó Cuadra.
Agregó que es imperante acabar con la impunidad con que actúan los grupos paramilitares y con la distribución de armas de fuego que están en manos de civiles, especialmente de los paramilitares; así como evitar la liberación indiscriminada de delincuentes comunes y con el discurso de odio y criminalización que promueve el gobierno de Ortega.
