Información: Gabriela Castillo
“El miedo se terminó un 18 de abril de 2018. El pueblo tiene que aprender a no tener miedo y seguir denunciando las anomalías, la represión de este régimen” dice un desafiante Kevin Adrián Monzón Mora, el joven “tiktoker” acusado por el régimen sandinista, tras salir de los Juzgados.
La mañana de este lunes, 17 de agosto, se realizó la audiencia inicial en contra de Monzón, bajo el delito de amenazas con arma en perjuicio de José de la Cruz Usaga. La querella fue radicada en el Juzgado Sexto Local Penal. A penas salió de la sala de juicio donde se podría jugar su futuro, el joven de 20 años volvió a desafiar a la dictadura que lo tiene en el banquillo. Anunció que no se callará y seguirá denunciando la represión a través de sátira política en sus redes sociales.
Monzón se encuentra bajo medidas cautelares desde inicios de agosto, por lo que tiene prohibido comunicarse con la víctima y testigos,comparecer en lugares públicos y presentarse a firmar periódicamente.“Me prohibieron todo, pero no me van a callar en mis redes sociales” señaló el joven.
Según la acusación, la supuesta víctima fue amenazada con cuchillo en el sector de la Universidad Centroamericana, UCA, por el joven Kevin Monzón. El documento indica que el hecho se dio el pasado 14 de julio a las 11 de la mañana en las afueras del Alma Máter, lugar concurrido principalmente en ese horario; sin embargo, como un caso insólito, los testigos no existen. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como único testigo a la supuesta víctima.
“Se trata de callar a la gente. Hay judicialización a autoconvocados. Ellos están mejorando sus técnicas de callar a la gente porque si hay alguien que se está expresando y no tenés cómo procesarlo porque la Constitución te dice que (ese derecho) tenés que respetarlo, entonces evidentemente hay que condenarlo por la Ley”, indica Martínez.
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Monzón, conocido como “chulitonicaragua1” en la aplicación Tik Tok, relata que ese 14 de julio se encontraba en las inmediaciones de la UCA donde fue a buscar una beca de estudio, cuando vio acercarse en taxi a Usaga, quien bajó del auto con desarmador en mano. “Esto es del gobierno. Esto es de la Policía para quererme culpar de ese delito falso. Lo reconocí (a Usaga), llegaba a la Catedral de Managua, para asediar y hacerse pasar por supuesto Azul y Blanco, por opositor, y entregó a varios chavalos”, señala el joven.
“Fue un momento triste. Esta persona fue enviada para matarme porque ése era el propósito de él, quitarme la vida. Perforarte el estómago con un desarmador es de un psicópata”, relata Monzón. La suerte corrió a su favor cuando vendedores ambulantes lo auxiliaron y logró subir a un bus de transporte colectivo. Sin embargo, días después era llevado ante la Justicia.
“El régimen está utilizando el mecanismo de impunidad en cuanto a los adeptos a ellos que cometen delito. El ciudadano que ahora acusa a Kevin, en su momento le dio persecución a Kevin, quiso lesionarlo. La víctima en realidad fue Kevin”, agregó la abogada.
Víctima de presiones gubernamentales
No es la primera vez que Monzón recibe advertencias. “Del 18 de abril de 2018 me uní a las manifestaciones contra el gobierno porque no me gustan las injusticias, la represión contra mi pueblo” indica Monzón, quien agrega que ha participado en manifestaciones pacíficas y desde que inició la cuarentena encontró en las redes sociales, unidas a su ingenio, un medio creativo para denunciar las injusticias. Actos que le han valido constantes amenazas contra su vida y la detención en dos ocasiones.
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Hace unos cinco meses, dos oficiales de Auxilio Judicial amenazaron a su padre y a él, en caso de no detener las denuncias contra el régimen, según señala el joven.
El pasado 31 de julio, policías vestidos de civil secuestraron a Monzón cuando éste se dirigía a ingresar una recarga telefónica en las cercanías de la Rotonda Cristo Rey, en Managua. Sin acusación formal, lo trasladaron al Distrito Uno de Policía y posteriormente al Complejo Judicial, donde permaneció durante unos ocho días bajo condiciones deplorables, relata Monzón.
Explicó que la celda estaba llena de jelepates (chinches), recibía comida en bolsa plástica y sin cubiertos. No tenía acceso a visitas familiares y era presionado constantemente por los custodios para permanecer en silencio.
“Es un delito inventado. Una violación al debido proceso, a los derechos humanos. Es una represalia para callarlo”, señala la abogada Martínez.
La situación de Monzón es un precedente para aquéllos que deseen expresarse en las redes sociales en contra de los delitos del régimen sandinista. “Los videos son bien fuertes. El da la cara, su nombre. La mayoría (de los tiktokers o influencers opositores) están exiliados, otros tapan su cara e identidad”, señala la defensora.
“No me voy a vender. No me voy a rendir” reitera Monzón, antes de concluir la llamada. El Juicio está previsto a realizarse el próximo 8 de septiembre a las 9 de la mañana en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua.
