El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas presentó un informe detallado sobre la cantidad de ciudadanos que aún permanecen detenidos en el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 y cómo la dictadura de Nicaragua ha recrudecido la represión contra opositores, particulamente a excarcelados políticos, quienes permanecen bajo constante asedio.
El monitoreo de la organización recoge que hasta el cinco de agosto de 2020 en Nicaragua se contabilizan un total de 89 opositores encerrados en diferentes sistemas penitenciarios y estaciones policiales del país, donde a tres de ellos ni siquiera se les presenta una acusación formal, los otros 86 actualemente enfrentan procesos judiciales, de los cuales 54 han sido condenados.
«En términos de ubicación, encontramos que, de las 89 personas presas políticas, 9 se encuentran en estaciones
de la policía (la mayoría en Jinotega), y 80 ya han sido trasladados a instalaciones de los sistemas
penitenciarios del país», detalla el informe de la organización.
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Además, de los 89 ciudadanos considerados presos políticos, el Mecanismo reconoce a otros 10 opositores que fueron condenados antes de la rebelión de abril de 2018, pero que sus expedientes están vinculados a razones políticas, como la masacre ocurrida el 19 de julio de 2014.
La organización que fue creada por sectores diversos de la sociedad civil detalla que desde julio de 2018 hasta la fecha han recibido más de 10 mil denuncias, de las cuales, la mayoría han coincidido que son víctimas de asedio, detenciones ilegales, agresiones y amenazas, mismas que fueron realizas por agentes de la Policía orteguista y grupos paramilitares.
« La situación de estas personas, así como la de personas excarceladas en general es de especial preocupación por la represión constante que sufren, así como la vulnerabilidad e incertidumbre jurídica con la que salieron de la cárcel», lamenta el organismo social.
Riesgo al contagio de COVID-19
El organismo también refiere que ante la actual pandemia del COVID-19 los reos políticos están expuestos al contagio, pues asegura que «la falta de políticas públicas» activa un posible rebrote en los sistemas penitenciarios del país. En meses anteriores familiares de estos ciudadanos denunciaron ante instancias nacionales e internacionales que las autoridades no les brindan a estas personas asistencia médica pese a presentar síntomas relacionados al virus.
«El sistema Penitenciario se ha convertido en un calvario también para los familiares de personas presas
políticas ante la ausencia de información del estado de salud de sus familiares, la constante reprogramación
de visitas, la discrecionalidad de las autoridades, los tratos humillantes que sufren, y las esperas sin
justificación para poder acceder el día de la visita, y en ciertos casos la negativa de poder ver a sus familiares
por periodos injustificados», denunció.
Por último, agrega que «las personas presas políticas siguen en estado de vulnerabilidad ante el COVID-19 debido al estado de hacinamiento de las cárceles, los problemas de enfermedades respiratorias que persisten en los centros de detenciones, los problemas de enfermedades de piel, la precaria atención médica e higiene, así como de medicamentos, la falta de acceso de agua potable, sumado a las condiciones de salud preexistentes tales como enfermedades crónicas, asma, hipertensión y diabéticos».
