La abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos, denunció el constante asedio y amenazas de muerte de las que ha sido objeto desde que inició a defender al preso político Oliver José Montenegro, originario de Jinotega, acusado por la justicia orteguista de homicidio frustrado en contra de un ciudadano de nombre Juan Carlos García Vázquez , del municipio de Wiwilí.
En entrevista con Artículo 66, Martínez señaló que el hostigamiento ha sido por vía telefónica y también presencial, cuando se presenta en los Juzgados de Jinotega. Las dos últimas ocasiones que la defensora de derechos humanos fue asediada fue el seis de agosto, cuando una camioneta Hilux blanca le dio persecución.
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Luego el 12 del mismo mes, dos motorizados la siguieron desde Sébaco hasta Managua. “El motorizado acercaba al carro con clara intensión de intimidarme, me detuve en la carretera para comprobar si era a mí a quien seguían, entonces los sujetos también se detuvieron, fue ya entrando a Managua que dejaron de perseguirme”.
Según Yonarqui Martínez, el régimen no solo la ha atacado a ella, sino también a sus familiares y a los testigos que la misma Fiscalía orteguista ha presentado. “Cementerio, cárcel, soborno, hospital, son las amenazas y propuestas a los testigos del caso Oliver Montenegro, he sido dos veces amenazada de muerte. Fui perseguida por motorizados…”, denunció la defensora en su cuenta en Twitter. Además, dijo a este medio de comunicación que “hay pruebas de las llamadas telefónicas”.
No quieren defensa para Oliver Montenegro”
Para Yonarqui Martínez, la intención del régimen de Daniel Ortega es dejar indefenso al preso político Oliver Montenegro, quien junto a su familia han sido objeto de persecución, asedio, amenazas. “Muchos de los familiares de Oliver están exiliados, el padre de él (Oliver Montenegro Centeno) fue asesinado atrozmente el 23 de enero de 2019 en su finca y ahora la Fiscalía arremete en contra de su hijo y lo acusa de un delito que hasta los testigos que presenta el régimen aducen que mi defendido es inocente. Lo único que Oliver y su familia han hecho es ser opositores, lo que le ha costado ser objeto de todas estas violaciones a sus derechos humanos”.
El reo de la dictadura está secuestrado desde el 21 de junio de 2019, acusado por el delito de homicidio frustrado el 19 de mayo del mismo año. Ante estos hechos anómalos, donde la dictadura persiste en asediar a opositores y defensores de derechos humanos, la defensora exigió al régimen que deje de obstaculizar su trabajo. “Yo soy defensora de derechos humanos, exijo que se me respete el derecho a ejercer mi trabajo (…) Si algo nos acontece responsabilizo a el gobierno”.
