La persecución política del régimen Ortega Murillo en contra de periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua no cesa. El más reciente ataque es una «demanda por injurias y calumnias» de tres trabajadoras de la Alcaldía de El Rama en contra de la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, en Bluefields, Kalúa Salazar.
Para la comunicadora es un claro mensaje de la dictadura lo que quiere es «callarnos y cerrar la emisora», porque en esa emisora mantiene la postura crítica a la administración de turno.
El personal de la radio tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 comenzó a ser víctima de una escalada de ataques que van desde amenazas, asedio, hostigamiento y procesos judiciales. El director Sergio León (q.e.p.d.) recibió en mayo de 2020 una demanda similar a la que ahora enfrenta la periodista Salazar.
A la jefa de prensa, de 25 años, le llegó la citatoria el martes, 11 de agosto, a las 9:15 de la mañana. Sin embargo, desde días anteriores la notificación se filtró y la publicó una emisora oficialista de la localidad, por lo que Salazar ya tenía conocimiento de la demanda.
Nota relacionada: Orteguistas demandan por injurias y calumnias a jefa de prensa de Radio La Costeñísima
Salazar aseguró a Artículo 66 que la demanda es «parte de la campaña de miedo y violencia que inició el gobierno en contra de la radio, pero ahora al grado de hacer público sus intereses». La periodista aclaró que «los mismos fanáticos del orteguismo se han encargado de crear perfiles falsos para manifestar que la emisora le debe pertenecer al gobierno o a la militancia del FSLN».
Además, remarcó que la campaña en su contra «evidencia las intenciones es que quieren quitarle la única oportunidad al pueblo costeño de un medio de comunicación sin bandera política» y aclaró que «quieren coartar la libertad de expresión de la Costa Caribe y que todo aquí se mantenga callado».

Salazar destacó que «La Costeñísima ha luchado por 20 años por la libertad de expresión, cese de la violencia hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes» y que pese a la campaña de violencia de asedio de intimidación «seguirán defendiendo el legado de Sergio León, nuestro director y fundador de este medio comprometido con el pueblo costeño».
La demanda por injurias y calumnias
La denuncia fue interpuesta por tres recolectoras orteguistas de la comuna de El Rama, identificadas como Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno y fue escrita el siete de agosto, por el abogado Denis José Báez Sevilla. Al final del documento se estima que fue presentado ante el Complejo Judicial de Bluefields, en el Caribe Sur, de Nicaragua, el lunes, 10 de agosto, a las 11:10 de la mañana.
Según la información de la emisora oficialista, las trabajadoras orteguistas alegan ser «víctimas del delito de calumnia, que les ha afectado en la honra, moral y psicológicamente» tras la publicación de la nota «Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama», el cuatro de agosto, en la que se ventila que las ciudadanas de la comuna orteguista desfalcaron 100 mil córdobas.
Nota relacionada: PCIN condena «campaña de persecución política» en contra de la jefa de prensa de radio La Costeñísima
El gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se pronunció ante la situación de la periodista y expresó su solidaridad y su intención de acompañarla en todo el proceso. Julio López, directivo de PCIN, manifestó que «estos casos de denuncias y calumnias, solo son un elemento de la campaña de persecución contra la emisora, conocemos la vigilancia contaste por parte de la Policía del régimen (…) es una campaña de persecución política en contra de la radio La Costeñísima». Y añadió que la comunicadora debería de renunciar a la abogada de oficio que el Poder Judicial le ha asignado.
Guillermo Medrano, coordinador de comunicación de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mencionó que la demanda es parte de la «escalada de agresiones, amenazas, ataques y persecución a los hombres y mujeres de prensa (…) esto es una escalada represiva en contra de los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua». La Fundación Chamorro, de enero a julio de 2020, ha documentado 213 casos de violaciones a la libertad de prensa.