El Observatorio Ciudadano COVID-19 presentó su más reciente reporte sobre las afectaciones de la pandemia en Nicaragua. Según los datos hasta el 29 de julio de 2020, en el país hay un “acumulado de 9,044 casos sospechosos verificados por el Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas” de la nación. Solo en la última semana, el organismo registró 225 nuevos casos de coronavirus.
La capital nicaragüense, Managua, continúa ubicándose como la más afectada por el virus con 3.507 casos. Le sigue Matagalpa con 1,013; León con 666; Masaya con 627; Estelí con 526; Chinandega con 321; Madriz con 311; Jinotega con 276; Granada con 257; Carazo con 249 y el Caribe Sur con 214.
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El Observatorio insiste en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue promoviendo aglomeraciones y actividades partidarias, lo que dificulta que se aplane la curva de contagios. La entidad independiente reporta también 2,537 víctimas. De ellas, “139 (5%) se categorizan como muertes por neumonía y 2,398 (95%) como muertes sospechosas por COVID-19”. Los decesos se ubican en los 17 departamentos del país. La mayoría de fallecimientos se concentran en Managua, Masaya y Matagalpa.
Estos números presentan una diferencia abismal con los que presentó el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el 28 de julio. De acuerdo con el informe semanal que da a conocer la institución, Nicaragua desde el 18 de marzo ha reportado 3,672 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 825 están activos, 2,731 se han recuperado y 116 fallecieron, lo que representa una tasa de letalidad del 3%.
Personal de Salud afectado
Asimismo, señalan que han recibido reportes de 756 trabajadores del sector Salud con sintomatología asociada al coronavirus, los que están distribuidos en todo el país. De esa cantidad, “101 muertes (son) sospechosas de COVID-19 de personal de salud. 44 médicos, 22 personal de enfermería, 14 personal administrativo, 8 personal de laboratorio, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos y 7 categorizados como “otros” (personal de apoyo, enfermedades de transmisión por vectores (ETV))”.
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Igualmente, el Observatorio hizo énfasis en la situación que atraviesan más de 500 nicaragüenses que se encuentran trancados en la frontera de Peñas Blancas por no tener los recursos para presentar su prueba de COVID-19 para entrar al país, medida que impuso la dictadura Ortega-Murillo, sin plantear alternativa para los connacionales lo que según el organismo deja en evidencia que la administración de turno “niega (el) derecho de regresar al país (a los nicaragüenses)”, lo que lleva a que después de dos semanas esos pobladores continúen en condiciones “precarias”.
