Mientras más de 500 nicaragüenses continúan su calvario varados en la frontera de Peñas Blancas, Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, ignora esa situación y trata de que sus delegados del Ministerio de Salud vendan a su régimen ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un «gobierno con compromiso social» gracias a su «modelo de salud familiar y comunitario» y el fortalecimiento que, según ella, su administración ha hecho desde que retornaron al poder en 2007.
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
En su alocución de este jueves, 29 de julio, Murillo informó que las autoridades sanitarias participaron en la reunión semanal virtual de la OMS con sede en Ginebra, en la que abordaron los mecanismos de aceleración para los procesos de vacunas y los tratamientos para atender el COVID-19.
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«Esta mañana nuestra ministra de Salud, Martha Reyes, y nuestro secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, participaron en el encuentro virtual semanal con los ministros de Salud del mundo pertenecientes a la OMS, con la presencia de su director general, 188 miembros y expertos de la OPS», afirmó Murillo.
Además, la vicedictadora destacó que sus representantes en el encuentro mundial «dimos a conocer nuestro abordaje como fortalecimos nuestro sistema de salud desde el 2007 al 2020, un sistema que recibimos en un estado catastrófico, de deterioro porque no había un gobierno con sensibilidad y compromiso social -en alusión a las administraciones opositoras- como el que tenemos ahora, cuando el pueblo retornó al poder».
Murillo se vanaglorió y mostró a la administración orteguista como un gobierno responsable que se alinea con los estatutos internacionales en cuanto al respeto de derechos humanos y mencionó que «la salud es un derecho humano, esencial, un bien esencial, deber, responsabilidad de los estado garantizar la atención en salud a todas las personas de un país», manifestó mientras calló sobre la negación de su régimen de no permitir la entrada a los connacionales procedentes de Panamá, Costa Rica y Guatemala que tienen más de 10 días de estar trancados en la frontera sur de Nicaragua.
Por otro lado, los representantes de la dictadura supuestamente presentaron ante los ministros de salud lo que Murillo llama el «modelo de salud familiar y comunitario (…) presentamos un protocolo de prevención que desde enero 2020, empezamos a implementar para controlar el COVID-19».
