La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) informó que, han realizado gestiones internacionales para pagar las pruebas de COVID-19 que la dictadura de Daniel Ortega está exigiendo a más de 500 nicaragüenses a quienes mantiene trancados en la frontera de Peñas Blancas.

“El equipo de Costa Rica ha logrado que un laboratorio llegue a la frontera a hacerles las pruebas a los nicaragüenses. Cada prueba tiene un valor de 77 dólares, es bastante más bajo que el precio de mercado, y ya hemos logrado conseguir el monto para hacer alrededor de 66 pruebas. Estamos haciendo las gestiones para ver si hay grupos que puedan aportar a nivel nacional, pero también a nivel internacional para tratar de completar, por que son más de 500 (los connacionales varados en la frontera), informó Violeta Granera, del Consejo Político de la UNAB.
La dirigente de la UNAB dijo en una conferencia de prensa virtual que todavía “no podemos decirles cuándo va a estar eso listo (la totalidad de las pruebas), quisiéramos tener un bloque suficiente que amerite el desplazamiento del laboratorio a la frontera lo más pronto posible”.
La UNAB también consideró que una vez que se tengan los resultados de estas pruebas a los compatriotas, “aquí van a haber dos situaciones, la situación de los que salgan positivos, que el Gobierno de Costa Rica, con mucha generosidad, ha aceptado que regresen a Costa Rica para que sean atendidos ahí, y los que salgan limpios que ya ahí el régimen de Nicaragua no tendría excusas para no dejarlos entrar, porque esa es la gran excusa que están poniendo en este momento para impedir el retorno, violando el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los protocolos a nivel internacional, insistió Granera.
Por su parte, la activista Ana Quirós adelantó que “se está consiguiendo fondos para realizar estas pruebas y donárselas a los nicaragüenses que están varados. Hay organizaciones, nicaragüenses radicados en Costa Rica, defensores de derechos humanos que estarían donando este dinero para hacer estas pruebas”.
Quirós también informó que la situación de los más de 500 nicaragüenses se complica por el cerco policial que la dictadura de Ortega ha impuesto en Peñas Blancas. “Hacer estas pruebas va a llevar un tiempo porque está complicado, los nicaragüenses están en ´un galillo´, en la propia guardaraya fronteriza”, dijo la activista tico-nicaragüense, que fue expulsada del país hacia Costa Rica después de la rebelión de abril
Ana Quirós adelantó que para la realización de estas pruebas tratarán de priorizar a “mujeres embarazadas, niños, mujeres y varones de la tercera edad y personas que padecen enfermedades crónicas”
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Los dirigentes de la UNAB explicaron que en este momento están priorizando la respuesta urgente para “salvar vidas” de los nicaragüenses varados en las fronteras, pero que tampoco han dejado de una lado la presión y la denuncia internacional sobre esta violación de derechos humanos.
“Además de estas gestiones, también estamos haciendo gestiones con organismos internacionales para presionar al régimen de que se abra un corredor humanitario por estos hermanos nicaragüenses. No podemos abandonar a esta gente, aunque no sea responsabilidad más que del régimen. Hemos estado en comunicación con instancias de Naciones Unidas, que tienen que ver con vigilancia sobre derechos humanos y migrantes, con Amnistía Internacional. Para nosotros lo principal es preservar la vida de nuestros compatriotas. Sí nos interesa la denuncia, pero en este momento lo más importante es la vida”, insistió Granera.
Denuncian al Ejército
Por su parte, el politólogo y miembro del directorio de la UNAB Félix Maradiaga denunció el rol del Ejército de Nicaragua contra los migrantes que intentan de forma desesperada entrar por los puntos ciegos de Peñas Blancas. “No existe jurisprudencia de que un nicaragüense no pueda entrar a su casa. Tenemos documentados por lo menos cuatro casos de nicaragüenses que fueron detenidos una vez que ya estaban en territorio nicaragüense y fueron expulsados hacia Costa Rica por el Ejército. Esta es una prueba más de la partidización del Ejército de Nicaragua. Yo quisiera denunciar esta situación anómala. Hay roles del Ejército en evitar de que haya tráfico ilícito de personas, crimen organizado, pirateo y todas las situaciones ilícitas que se dan en las fronteras, pero nicaragüenses que por su desesperación intentan pasar la frontera, no pueden ser impedidos de ingresar a su país”, concluyó Maradiaga.

La UNAB denunció que además de los más de 500 connacionales varados en Peñas Blancas, también hay otra cantidad de ciudadanos a quienes se les ha impuesto la “visa COVID” en las Islas Caimán, Honduras y Guatemala, que tampoco han podido avanzar para llegar a sus casas por las exigencias ilegales que ha impuesto la dictadura de Ortega.
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Un activista de la UNAB dijo que en la frontera entre Guatemala y Honduras, las autoridades hondureñas han bloqueado el paso a los nicaragüenses porque Migración de Nicaragua en El Guasaule ha inventado como nuevo requisito que consiste en “una constancia” de transporte terrestre que los trasladaría de Somotillo hacia sus casas.