Los jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia amenazan a la Coalición Nacional con no permitir «una transición política» en Nicaragua sin que se incluyan las exigencias del sector estudiantil y juvenil del país.
Los integrantes además dejaron claro que su participación en las protestas sociales ha sido crucial para exponer la forma en que se han vulnerado los derechos humanos por parte del régimen orteguista, por lo que advirtieron que estarán tras los pasos de cualquier gobierno que asuma el poder hasta alcanzar la justicia, democracia y la autonomía universitaria.
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Un grupo de más de 500 nicaragüenses procedentes de Costa Rica y Panamá cumplieron más de cinco días de estar varados en la frontera de Peñas Blancas, ante la negación del gobierno de Nicaragua de permitirles la entrada al país por no presentar un certificado que haga constar que se realizaron la prueba de COVID-19.
Así está el cordón policial en la frontera de Peñas Blancas, donde están varados más de 500 nicaragüenses desde hace cuatro días, pero no se les ha permitido ingresar al país. #Artículo66 #DerechoAInformar Fotos: Artículo 66 pic.twitter.com/rqW01BYlQN
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) July 23, 2020
Los connacionales denunciaron el constante asedio de los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Ante esta situación, los ciudadanos decidieron bloquear la zona e impedir el paso del transporte liviano.
La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que la campaña en respaldo a la petición de la Organización Panamericana de la Salud de entrar a Nicaragua a realizar una evaluación sobre la situación real de la crisis sanitaria del COVID-19 alcanzó más de 2,400 firmas de los ciudadanos, un resultado que el organismo opositor catalogó como la desconfianza que tienen los pobladores en cuanto a las estadísticas del Ministerio de Salud y esperan que la llegada del grupo de expertos conlleve a la implementación de «acciones contundentes para salvar vidas», mismas que la administración Ortega-Murillo se ha negado a establecer.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo alardeó del privilegio que según ella tienen los nicaragüenses por contar con un sistema de salud y educación «gratuito». La primera dama omitió el negocio que está realizando el Ministerio de Salud en plena crisis sanitaria con la venta a 150 dólares por cada prueba de COVID-19 para los nicaragüenses que deseen salir del país.
Murillo alaba gratuidad de la salud en Nicaragua y dice que «eso no se puede comercializar», mientras omite el negocio que hace el Minsa con la venta a $150 por cada prueba de #COVID19, y calla sobre las deficiencias del sistema de salud. Por:@Keren_Diaz12 https://t.co/DZEdTBYwUs
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Murillo afirmó que es un «modelo de salud gratuita, porque no se puede comercializar con la salud»,además calló sobre las deficiencias del sistema de salud, pese a que continúa con un constante ataque contra los hospitales privados, a quienes critica por «cobrar» por la atención médica.
