La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) respaldó el llamado que hizo la Unidad Sindical Magisterial para solicitar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cierre los colegios públicos de Nicaragua debido a la pandemia del coronavirus.
El Cenidh informó que la presidenta de ese organismo, Vilma Núñez, conversó con la primera secretaria de la Embajada de Taiwán en Managua, Eva Wei, quien desenmascaró a la vocera gubernamental Rosario Murillo, la que atribuye el financiamiento de esas dependencias de salud en edificios robadas a Taiwán. La diplomática le detalló a Núñez que no tienen nada que ver con las casas maternas inauguradas en las instalaciones de Confidencial y del Cenidh. Wei sostuvo que la afirmación de la vicedictadora de Nicaragua «los asustó mucho».
A esa petición, se unieron padres y madres de familia, docentes y personal de apoyo del sistema de educación pública, quienes argumentan que el COVID-19 trae una línea de “expansión acelerada en todo el país”.
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La Alianza resalta que “en plena emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación (Mined) orientó regresar a las aulas de clase, este martes 21 de julio a 57 mil docentes y 1.7 millones de estudiantes de más de 10 mil escuelas a nivel nacional, atentando contra la estabilidad del sistema educativo, la economía de miles de familias y exponiendo a miles de nicaragüenses al contagio por COVID-19”.
Tanto la Unidad Sindical Magisterial como la Alianza han promovido una cuarentena voluntaria, lo que incluye la suspensión de las actividades escolares presenciales. Pese a ello, la dictadura decidió dar por inaugurado el segundo semestre del año lectivo este 21 de julio, con su afán de mostrar normalidad en el país.
“Ante la reapertura de clases obligatoria, muchos padres de familia se unieron en desobediencia civil no enviando a sus hijos a los colegios y en consecuencia, docentes y personal educativo han recibido constantes amenazas de despido. A su vez, el gremio magisterial constata que, el Mined no ha brindado ninguna orientación a su personal sobre cómo enfrentar la emergencia sanitaria”, recalca el comunicado.
Igualmente, mencionan que los maestros sienten cada día más temor de contraer el virus, pero no les queda más remedio que asistir a los centros escolares para no perder su trabajo debido a la negativa de la dictadura de cancelar las clases presenciales.
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“Condenamos el maltrato psicológico y amenazas de despido de parte de autoridades del régimen en contra de maestros y maestras. Demandamos el cese a los despidos injustificados de docentes, con quienes reconocemos, una vez más, la enorme deuda política y moral que tenemos hacia ellos como sociedad”, concluye la Alianza.
Maestros contagiados
El primero de julio, la ministra de Educación de Nicaragua, Miriam Raudez, reconoció que en el país hay muchos maestros que se han contagiado por el COVID-19, sin embargo, no precisó las cifras. Además, la titular catalogó como una «miseria humana» el andar preguntado si un docente murió o no de coronavirus.
Raudez abanderó su entrevista para el oficialista Canal 4 destacando las teleclases y catalogó la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de no suspender las clases en medio de la pandemia del COVID-19 como «atinada».
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La ministra confirmó la decisión de centenares de padres de familias que ante la renuencia de la dictadura orteguista de no suspender las clases prefirieron que sus hijos no asistieran a las escuelas, por el miedo al contagio del COVID-19. Raudez manifestó que «este COVID-19 no nos agarró con las manos arriba», porque, según ella, el gobierno ya estaba invirtiendo en equipo y personal.
Seguidamente, la titular destacó que «en estos momentos de crisis que todo mundo anda con miedo, los (maestros) han creado incluso sus mascarillas con el color del turbante, o sea, es una cosa que no ha sido un drama el COVID-19 para ellos (…) Tenemos maestros que se han afectado, afortunadamente muchos con sus medicamentos a tiempo, todo el tratamiento, se separa de la escuela los días que tenga que ausentarse y luego regresa».
Suicidio inducido por la dictadura Ortega-Murillo.