El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció el 19 de julio para conmemorar el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Llevaba 39 días sin dar la cara, el periodo más largo de ausencia desde que asumió nuevamente el poder en 2007. La vocera gubernamental, Rosario Murillo, había anunciado que el acto sería virtual, pero finalmente su administración decidió reunir a sus funcionarios sancionados y a su Juventud Sandinista (JS) para escuchar a un Ortega que sigue minimizando la pandemia del coronavirus, pese a que él se encierra junto a su familia en el búnker de El Carmen.
A las 5:49 de la tarde del domingo, 19, el presidente inició a mencionar a la comitiva que lo acuerpaba esa tarde. La primera en la lista fue la vicedictadora, primera dama y coordinadora de comunicación, Rosario Murillo. Igualmente, destacó al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, al director de la Policía y consuegro presidencial, primer comisionado Francisco Díaz, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, de quien recalcó sus otros cargos como titular de FET-Salud y de la Coordinadora Nacional; al igual que al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
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De los personajes de mayor rango que estaban en la tarima principal con Ortega, solo la ministra de Salud, Martha Reyes, no figuraba en la lista de sancionados por Estados Unidos, país que los señala de corruptos y violadores de derechos humanos. Desde sus cabecillas de las Fuerzas Armadas hasta su vicepresidenta están castigados y con restricciones financieras por estar en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en categoría de delincuentes internacionales.
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Esta es la lista de operadores del gobierno de Nicaragua que presidieron el acto del 41 aniversario con Ortega y que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los funcionarios aparecieron con sus mascarillas en un evento en el que nuevamente Ortega minimizó el impacto del COVID-19 e intentó vender a su gobierno como el que invierte y se preocupa por la salud de los nicaragüenses mientras la JS se dedicó a corear: “Daniel, Daniel, Daniel”, convirtiendo una fecha histórica en una propaganda para la dictadura de Nicaragua.
Rosario Murillo, el cerebro de la represión
El 27 noviembre de 2018, el presidente Donald Trump sorprendió con una orden ejecutiva en la que impuso duros controles económicos contra la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, considerada la mano de hierro de la dictadura que encabeza junto a su marido, al tirano Daniel Ortega. La aplicación de las sanciones ordenó el congelamiento de bienes y cuentas a su nombre y prohibió que cualquier empresa o ciudadano de EE.UU. establecería vínculos con ella. A Murillo, se le identificó directamente como el cerebro que ordenó los crímenes contra los ciudadanos que protestaron por sus desmanes.
Gustavo Porras, jefe de turbas orteguistas
El 21 de junio, en la lista de cuatro sancionados de ese día se encontraba el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Porras fue identificado como el jefe de las turbas, y la justificación del Departamento del Tesoro fue que durante la masacre del 30 de mayo, Porras habría funcionado como el cabecilla de los grupos armados y las turbas que atacaron la movilización multitudinaria donde fueron asesinadas más de 15 personas. Como consecuencia de la sanción la dictadura quitó todas las funciones administrativas y financieras a Porras y lo dejó como figura decorativa en el Parlamento. Posteriormente, el régimen nombró en secreto a un administrador que asumiría las funciones del otrora médico orteguista.
Julio César Avilés. acusado de entregar armas a paramilitares
Julio César Avilés, a quién el dictador Daniel Ortega, el 19 de noviembre de 2019, premió como Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua por un período de cinco años, es decir, seguirá al frente de su tropa hasta 2025, fue sancionado este 22 de mayo. El Departamento del Tesoro agrega en su justificación para ficharlo como delincuente internacional que ese funcionario «está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolicías durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron en abril de 2018».
Francisco Díaz, represor de Nicaragua
El cinco de julio de 2018, el gobierno estadounidense incluyó a tres funcionarios más a la lista de los «sancionados». El primero fue el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quien también le aplicaron la Ley Magnitsky. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018.
Roberto López, el mayor corrupto del INSS
También fue “fichado” Roberto López, presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS) es señalado de manejar de “forma indebida los activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos”. El anuncio de reformas al seguro social, en abril de 2018, fue lo que desencadenó la rebelión de estudiantes. López además es un militar retirado y, al igual que el ministro de Transporte, su sanción podría ser un segundo mensaje para la comandancia del Ejército.
Sonia Castro, la que ordenó cerrar las puertas de hospitales a las víctimas de la represión
El 21 de junio de 2019, el Departamento del Tesoro anunció el castigo para la exministra de Salud, Sonia Castro. La institución pública a cargo de Castro fue señalada de negar atención médica a los manifestantes que resultaron heridos en el contexto de las protestas y dejarlos morir, y de ser ella quien giró las órdenes. «El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica», justificó la OFAC, bajo el mando del Departamento del Tesoro, cuando anunció sanciones para Castro.
Iván Acosta, el mensajero del régimen para intimidar en asuntos financieros
Iván Acosta Montalván funge como ministro de Hacienda y Crédito Público desde 2012 y el gobierno de Donald Trump lo acusa de haber «seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega» y añade que «Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos».
Sancionados pero con DIGNIDAD que ustedes no conocen porque siempre se arrastran al imperio.