El Ministerio de Salud (Minsa) presentó su más reciente informe que comprende del siete al 14 de julio sobre el avance del coronavirus en Nicaragua. La institución reconoció 301 nuevos casos confirmados en la última semana y solo ocho víctimas.
Con esos datos, oficialmente el régimen asume 3,147 pacientes confirmados por el virus, 99 decesos y 2,282 recuperados, cifras con una diferencia abismal con respecto a las del Observatorio Ciudadano COVID-19, que registró hasta el ocho de julio, un total de 7,893 contagios y 2,225 víctimas.
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Tras una resolución ministerial entre Aeronáutica Civil y el Minsa se acordó que se reanudarán operaciones en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, después de más de dos meses de cierre por el COVID-19. Las autoridades especifican que a los extranjeros que pretendan llegar a Nicaragua se les solicitará una prueba de PCR con resultado negativo realizada en un periodo no mayor de 72 horas.
Además, si tienen fiebre o síntomas respiratorios se les negará la entrada. En caso contrario, podrán circular libremente en el país. En el caso de los nacionales que presenten síntomas pasarán a resguardo domiciliar. Asimismo, las aerolíneas tendrán que garantizar los protocolos de desinfección.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insistió en su informe semanal que el Gobierno Ortega-Murillo sigue solo brindando información breve sobre el COVID-19, y que por tanto, no han recibido un detalle amplio como lo requiere el reglamento sanitario internacional y que por ello, pareciera que la «situación no es tan grave como en otros países».
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Asimismo, los representantes expresaron su «alegría» por la disminución de «celebraciones» del régimen, pese a que solo se ha anunciado la cancelación de actos centrales en julio, pero los JS siguen promoviendo eventos culturales, deportivos y de recreación.
La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que entregarán este próximo jueves 143 mil pensiones, un derecho que tienen los adultos mayores por haber cotizado durante años al Seguro Social, pero que la primera dama abanderó como parte de las actividades de la celebración de su «julio victorioso». Este despliegue de ancianos se dará en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció que ampliará el plazo para que las organizaciones políticas obtengan su personería jurídica hasta junio de 2021 de cara a unos próximos comicios en noviembre de ese mismo año. La oposición nicaragüense rechazó dicha resolución y asegura que la intención del régimen de Daniel Ortega es «endulzar» a dichos grupos para desvirtuar el objetivo principal que contribuya a una verdadera democratización del país. Consideran que la medida es una violación a la Constitución Política y una burla a la verdadera demanda de profundas reformas electorales y que con ello solo buscan ganar tiempo.