El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó que el régimen de Daniel Ortega hizo una solicitud de «oferta de bienes» sobre equipos médicos para el abastecimiento a hospitales públicos, en los que incluye unas cien mil pruebas rápidas de PCR, para la detección de COVID-19.
Aguerri señaló que estas pruebas estarían llegando al país en la próxima semana y agrega que lo importante no es solo informar sobre la importación de estos equipos, sino dar a conocer los resultados de estas pruebas. «Necesitamos saber cuál va a ser ese mecanismo, que haya transparencia de cómo se van a utilizar, dónde van a estar disponibles y que se entreguen los resultados por escrito».
Por otro lado, el presidente del Cosep recalcó la importancia que el gobierno continúe importando estas pruebas de PCR, ya que permite llevar una secuencia ininterrumpida en la realización de las mismas. Las cien mil pruebas que van a recibir las autoridades en los próximos días darán cobertura para los próximos tres meses y 10 días, en caso de que se apliquen mil pruebas diario.
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«Ya estuviera pidiendo otra cantidad similar para que cuando estas pruebas vengan estemos con un proceso continuo. Recordemos que cien mil pruebas en una población de seis millones de habitantes, pues obviamente es algo pequeño», explicó el empresario.
Además de la PCR, Aguerri manifestó que ingresarán al país una serie de medicamentos que están siendo utilizados para tratar el COVID-19, entre estos la Cloroquina, que se solicitó la cantidad de un millón 900 mil tabletas. «Esto equivaldría, de acuerdo a los protocolos que se establecían, para cien mil pacientes».
Demanda liberación de importación
El presidente del gran capital demandó a la dictadura de Ortega que permita a los laboratorios, hospitales y clínicas del sector privado sean partícipes de este proceso de importación de equipos y medicamentos necesarios para atender la emergencia sanitaria. Ejemplificó que en otros países el sistema privado ya cuenta con este acceso.
El Cosep demandó al Ministerio de Salud (Minsa) libere las pruebas de COVID-19 donadas por organismos internacionales y que están siendo controladas por la dictadura. Asimismo, exigió transparencia en el uso de pruebas que ha dispuesto el gobierno como obligación para los viajeros que ingresen el país, a propósito del anuncio de Rosario Murillo que el Aeropuerto Augusto C. Sandino reabrirá sus puertas.
