Ante el anuncio del Consejo Supremo Electoral (CSE) de ampliar el plazo para que las organizaciones políticas obtengan su personería jurídica de cara a unos próximos comicios en el 2021, la oposición nicaragüense rechazó dicha resolución y asegura que la intención del régimen de Daniel Ortega es «endulzar» a dichos grupos para desvirtuar el objetivo principal que contribuya a una verdadera democratización del país.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y miembro de la Coalición Nacional, afirmó a Artículo 66 que esta medida es «una burla» al pueblo nicaragüense que desde el inicio de la crisis política ha exigido unas reformas electorales y considera la medida irrelevante.
«Ellos quieren vender los espejitos y llamar la atención con la idea de ofrecer estas personerías jurídicas que vendrían de una dictadura y un CSE corrupto y obviamente tratan de querer endulzar a aquellos con sueños de casillas y personerías jurídicas, pero es una acción burda que obviamente se rechaza», expresó Chamorro.
El opositor asegura que el régimen de Ortega apuesta a una «mentalidad zancuda», que se basa es regalar personerías jurídicas a esos grupos de oposición con el objetivo de «contentarlos con ese tipo de espejitos». Insiste que es una medida irrelevante y que lo importante es «que no se roben las elecciones».
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Por su parte, Violeta Granera, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), expresó que esta es una «artimaña» de la dictadura, que viola la Constitución en su artículo 195, «porque pretenden reformar el artículo 67 de la Ley Electoral con un procedimiento totalmente ilegal». Granera descarta que con esta resolución los partidos y organizaciones adscritas a la Coalición Nacional caigan en este juego del régimen.
«Si Ortega realmente quiere salir por la vía electoral lo que tiene que estar haciendo ya es promoviendo las reformas electorales de fondo que estamos exigiendo para tener un proceso electoral libre, transparente y competitivo , todo los demás son cuentos de camino de los que ellos acostumbran hacer. La principal línea perversa de Ortega ha sido dividirnos y lamentablemente en el pasado lo ha logrado pero ahora es muy tarde».
Asimismo, el doctor José Pallais, ahora miembro del Frente Amplio Democrático (FAD), coincidió con Chamorro que la estrategia de Ortega es otorgar más personería jurídica a sus partidos zancudos «a los que ha usado en el pasado para controlar el proceso electoral». Advierte que esta podría ser una «nueva piñata de personería jurídica» que está propiciando la dictadura».
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«Si el régimen tuviera voluntad de apertura, de democratizar los procesos electorales ya estuviera avocado a discutir con todas las fuerzas políticas del país, -no solo con los partidos políticos en la Asamblea Nacional- una verdadera reforma electoral. Con esos adefesios jurídicos que rompan el Estado de derecho no resuelven las carencias en el sistema electoral, más bien los profundiza. Esto no engaña a nadie ni tendrán ningún efecto», enfatizó Pallais.
«Medida desesperada»
El CSE justificó la certificación con la crisis sanitaria del COVID-19 y dice que «la pandemia afecta a la humanidad y ha venido a limitar a algunas organizaciones sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica para participar en los próximos comicios electorales».
En tanto, Félix Maradiaga, también del Consejo Político de la UNAB, afirmó que esta resolución administrativa es una medida desesperada de la dictadura, «para intentar quitarse la soga del cuello que tienen por la presión nacional e internacional».
#AlianzaInforma | La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua. Por eso, hoy reafirmamos nuestro compromiso con cambios profundos al Consejo Supremo Electoral y al sistema pic.twitter.com/dDaGgA1D20
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) July 14, 2020
«Esa resolución no aborda ninguno de los cambios reales que hemos exigido como condiciones fundamentales para que hayan elecciones libres. Las demandas de la ciudadanía son claras. No podemos ir a elecciones sin que antes existan las reformas y condiciones necesarias. Cualquier partido que acepte ir a elecciones sin condiciones, sería cómplice de la dictadura».
Mientras, el exdiputado Eliseo Núñez, explicó que la dictadura de Ortega apuesta a tres cosas fundamentales: «número uno, trata de mostrar a la oposición indolente a los problemas reales de la ciudadanía, la segunda, es poner a discutir a la oposición temas que no son importantes, como la crisis económica, sanitaria y social y la tercera es tratar de ver si con esto se divide la oposición». señaló.
Movimiento estudiantil rechaza resolución
Por su parte, los cuatro movimientos estudiantiles pertenecientes a la Alianza Cívica rechazaron la resolución del CSE sobre la ampliación de personería jurídica porque, según ellos, lejos de ser una apertura real y transparente a la participación democrática esconde un intento de fragmentar los esfuerzos de unidad que realiza la oposición.
«La prioridad deber ser solucionar la crisis política del país mediante reformas profundas al sistema electoral y la realización de elecciones libres. La actual crisis política no se solucionará con medidas unilaterales, sino con la integración de propuestas y soluciones de la mano con los sectores representativos dentro de la sociedad», refiere.