Los representantes de la empresa privada de Nicaragua denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aplicado una “reclasificación arancelaria” a productos médicos necesarios en tiempos de la pandemia del COVID-19. Entre ellos, se encuentran ventiladores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros, mismos que la ciudadanía también está empleando para atenderse desde sus casas ante la desconfianza en el sistema de salud.
El gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas, elevó los impuestos de esos equipos hasta en un 15%, lo que además de encarecerlos hace más difícil que la mayoría de nicaragüenses pueda adquirirlos.
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La ministra de Educación, Miriam Raudez, calificó como “miseria humana” andar preguntando si un docente murió por COVID-19 o no. Asimismo, defendió que la administración Ortega-Murillo se haya negado a cerrar los colegios, porque asegura que el gobierno estaba preparado para enfrentar la pandemia desde los centros educativos.
Raudez, en entrevista al oficialista Canal 4, reconoció que hay maestros infectados por el coronavirus, aunque minimizó la situación alegando que ante estos casos deciden enviar a los docentes a sus casas para que reciban el tratamiento y se reintegran una vez estén recuperados, olvidando que ese paciente pudo ser un foco de infección.
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Rosario Murillo anunció que en la Dirección de Migración y Extranjería está coordinando el retorno del segundo grupo de nicaragüenses varados en cruceros. La vocera gubernamental señaló que su administración está propiciando que ese arribo sea “seguro y ordenado” y que los ciudadanos deben traer sus pruebas de COVID-19 con resultado negativo.
Añadió que su administración está en coordinación con autoridades de Costa Rica y Panamá, pero omitió el caso de los ciudadanos que están en Islas Caimán que desde hace más de tres meses suplican se les deje entrar a su país.
Personal de Salud que trabaja en el Hospital Escuela Óscar Amador Molina en Matagalpa afirma que en ese centro hay más de 70 pacientes con COVID-19, de los cuales 20 están en “alerta ventilatoria”, es decir, a la espera de respirador. Sin embargo, el hospital solo cuenta con nueve, lo que ha puesto en una encrucijada a los médicos en cuanto a su dilema ético, pues se debaten entre a quién desconectar o a quién mantener con el ventilador.
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Destacan que un laboratorista fue víctima del virus, aunque en el expediente no quedó registro de que esté vinculado con esa enfermedad. Igualmente, mencionaron que la mayor parte de los trabajadores del área de limpieza están infectados, por lo cual, se les mandó de subsidio.
