La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, la juez Diana Isabel Jarquín Valle ordenó suspender el cargo a la alcaldesa liberal Reyna Hernández Mairena, del municipio de Wiwilí. Con la decisión el régimen deja inhabilitada la función de Hernández dentro de la comuna y demuestra que su verdadera intención es arrebatarle la administración al Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La edil liberal ayer recibió la orden de captura que de la misma manera fue enviada por el régimen a través del Juzgado Local Penal, por el supuesto delito de «desobediencia y desacato a la autoridad». Hernández enfrenta un proceso judicial después que un grupo de extrabajadores orteguistas la demandaron por una suma millonaria en concepto de liquidación, dinero que según la encargada de la comuna no cuentan.
«Al efecto siendo la finalidad de las medidas cautelares asegurar la eficacia del proceso, garantizar la presencia de la acusada y regular la obtención de las fuentes de prueba tal y como lo establecen los artículos 166 y 167 numeral uno, inciso (j), 169 del CPP, y en base a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, se decreta más que medida cautelar de suspensión en el desempeño del cardo como Alcaldesa del municipio de Wiwilí, jurisdicción del departamento de Jinotega a la acusada: Reyna Esmeralda Hernández Mairena, asimismo la acusada queda inhibida de ejercer funciones, atribuciones y competencias propias del cargo…», reza en la notificación judicial.
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La alcaldesa ha sido objeto de persecuciones por parte de la dictadura debido a que se ha caracterizado por su una de las voces más beligerantes en denunciar incidentes de ejecuciones extrajudiciales en esa zona contra nicaragüenses opositores.
La comuna de Wiwilí fue embargada por el régimen en abril de este año, tras la demanda de al menos 36 extrabajadores que simpatizan con el partido de gobierno. Además, la juez ordenó el embargo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina con placa JI 6406, misma que tiene asignada la alcaldesa municipal Reyna Hernández.
«Se ordena el embargo ejecutivo de bienes particulares de la municipalidad por el monto de 16,538,128.93 córdobas, que incluye la tercera parte por los intereses y costas debiendo librarse el correspondiente mandamiento de ley para su ejecución», detalla la resolución del Sistema Judicial, a cargo de Aida López, juez de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte.
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De acuerdo a un documento enviado por la funcionaria Hernández, su comuna ya pagó la liquidación de algunos extrabajadores orteguistas, por lo que asegura que no ha incumplido. «Conforme ley se iba a pagar 1,633,959 córdobas. Es decir que habiendo pagado (anteriormente) 466,752 córdobas, el total a pagar son 181 mil 576 córdobas».
El PLC ante la orden de captura se pronunció y denunció el proceder del régimen de Daniel Ortega que también que también ha efectuado la reducción por el orden del 70% en las transferencias municipales a todas las Alcaldías Liberales. «Condenamos vehemente esta medida de presión en contra de la alcaldesa Liberal de Wiwilí, misma que es parte de la política de de intolerancia, acoso y revanchismo político del régimen en contra de las alcaldías independientes con la finalidad de boicotear el trabajo que los ediles demócratas vienen realizando en favor de sus municipios», reza el documento del PLC.
¿Qué pasó con la carrera municipal?
¿Acaso los jueces juegan algún papel en esos procesos administrativos?
¿Son los jueces delegados del Consejo Supremo Electoral?
Terrible la instrumentalizacion del sistema de justicia para cometer injusticias. Dónde quedó la autonomía de las municipalidades y la aplicación de justicia?