En una entrevista con el diario brasileño Globo.com, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, se refirió al manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y aseguró que el país ahora mismo se enfrenta a un «desafío doble».
El funcionario de la CIDH aseguró que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una «dictadura con apariencia de legalidad» y afirmó que los datos oficiales sobre los casos de coronavirus en Nicaragua «no son confiables», porque el régimen mantiene el control absoluto sobre todas las entidades públicas. Abrão manifestó que «a diferencia de otros países, en Nicaragua, el desafío es doble: (porque) es necesario combatir la pandemia y, al mismo tiempo, recuperar la institucionalidad democrática».
El secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Sáenz, tampoco compareció este jueves, siete de mayo, en su acostumbrada lectura del reporte diario de la situación del coronavirus en Nicaragua. Con ello, se completan tres días en una misma semana donde no hay informe oficial por parte del Gobierno, creciendo el secretismo estatal.
Nicaragua reporta 16 casos en total de coronavirus, de los cuales cinco fallecieron, cuatro están activos y siete se recuperaron. Sin embargo, extraoficialmente se contabilizan siete decesos por el virus, donde además de los cinco reportados por el Minsa se agrega a la lista a un ciudadano de Estelí, al que la institución le dio de alta y lo reportó como el tercer afectado por el virus, y otra persona que murió en el Hospital Monte España, los que no incluyen en sus estadísticas.
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El seis de mayo entraron en vigencia las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra la Policía orteguista y tres altos mandos de las fuerzas del orden. Esta medida advierte a entidades financieras y/o terceros suspender cualquier tipo de relación con la institución castigada.
Las repercusiones son graves, aseguran expertos, porque ahora la institución deberá pagar las planillas en efectivo y tendrá que estudiar un nuevo sistema para la cancelación de multas y otros servicios administrativos. La socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra explicó a Artículo 66 que uno de los aspectos más sensibles de estas sanciones tiene que ver con las operaciones bancarias que la Policía realiza a nivel nacional e internacional.
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En el momento más determinante para Nicaragua, por el aumento de casos confirmados de COVID-19, el régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), programó para este mes de mayo un total de 445 actividades en todo el país, contraviniendo las recomendaciones de los organismos internacionales de salud.
Tras el lanzamiento de esta cartera turística, Laureano Ortega, hijo de la pareja de dictadores y asesor presidencial para las inversiones detalló que esta estrategia «está diseñada para inspirar a los nicaragüenses a conocer más el país, su historia, cultura y naturaleza». La parrilla del Intur incluye actividades turísticas, religiosas, gastronomía, certámenes de reinas, procesiones, tardeadas infantiles, ferias, zumbatones y para el cierre de mes la celebración del Día de las Madres.
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En el ámbito político, el martes, seis de mayo, los familiares del preso político Denis Javier Palacio Hernández fueron notificados por el juez orteguista del distrito penal de audiencia de Masaya William López, que el delegado del régimen dictó seis años de prisión contra el reo de la dictadura, además de una multa de 24,956 córdobas.
El 14 de abril, Palacio fue declarado culpable por los delitos de fabricación de bombas de contacto y tráfico ilegal de armas. El abogado defensor Julio Montero expresó a Artículo 66 su inconformidad con la sentencia dictada por la justicia de Daniel Ortega, aduciendo que tiene hasta el 14 de mayo para apelar y cuestionó la sentencia por considerarla excesiva.
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