El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este miércoles, 11 de marzo, el informe Anual de la Práctica sobre Derechos Humanos de 2019 en el que apunta que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desatendió las medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos de los nicaragüenses y que en realidad, fortaleció y garantizó la impunidad de los abusadores que fueron y son leales a él.
Igualmente, señala que los asesinatos a campesinos por los parapolicías “no fueron investigados ni procesados”. A través del documento se expone la situación actual de los derechos civiles, laborales y políticos que son reconocidos y establecidos por la comunidad internacional.
En el informe se detalla que desde agosto de 2018, el gobierno de Daniel Ortega apostó por una política de «exilio, cárcel o muerte» para cualquier persona identificada como disidente a su administración. Asimismo, señala el abuso de poder que utilizó desde el sistema de justicia para caracterizar a los actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas, lo que indica que Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales en Nicaragua.
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Además le adjudican otros señalamientos importantes en referencia a los derechos humanos en Nicaragua como los asesinatos políticamente motivadas o ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas perpetrados por parapoliciales, las torturas físicas y psicológicas por guardias de los sistemas penitenciarios.
“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que muchos detenidos fueron sometidos a tratos degradantes y violencia sexual, incluidas amenazas inapropiadas de tocar y violar a mujeres, mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas de parapolicías, funcionarios penitenciarios”, cita parte del informe.
En cuanto a los allanamientos en las viviendas de opositores el documento revela que “el gobierno no respetó las prohibiciones contra la interferencia ilegal con la privacidad, la familia, el hogar y la correspondencia (…) los Consejos de Poder Ciudadano, colaboraron con los parapolicias para atacar las casas de los manifestantes prodemocracia, sin una orden judicial. Estos grupos allanaron ilegalmente casas y ocupantes detenidos en las grandes ciudades, particularmente en Managua, Matagalpa, Estelí, Masaya, Rivas, León y Jinotega”.
Denuncian que los fanáticos del gobierno instauraron una campaña de hostigamiento contra la oposición nicaragüense, “marcaron las casas de los miembros de la sociedad civil con insultos despectivos o amenazas y luego publicaron fotografías de las casas marcadas en las redes sociales. En varias ocasiones, las marcas fueron acompañadas o llevaron a la destrucción de la propiedad privada”.
El informe arroja que “hubo restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la iglesia -y agrega que- también hubo corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajo infantil”.
Ni más ni menos.