Este fin de semana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaparó la atención después de hacer desde su cuenta de Twitter una convocatoria para que sus simpatizantes participaran en una concentración frente a la Asamblea Legislativa, en la que los parlamentarios estarían convocados por su Consejo de Ministros, para sesionar el domingo, nueve de febrero, para la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera etapa de su estrategia de seguridad, denominada Plan Control Territorial.
La petición del financiamiento entró al órgano Legislativo desde noviembre de 2019, sin embargo, la presión del Poder Ejecutivo empezó el miércoles, cinco de febrero, cuando el mandatario conoció la negativa de la mayoría de parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y señaló que “el presidente de la fracción de Arena retiró el apoyo al financiamiento del Plan Control Territorial, cuando ya había sido aprobada por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto (…)”.
El Consejo de Ministros, que preside el mismo Bukele, convocó a los diputados a una sesión plenaria extraordinaria para el domingo, nueve de febrero, amparado en el artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República en el que se mandata “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Bukele invitó a sus seguidores a presentarse en el Palacio Legislativo para que fueran testigos de la sesión extraordinaria para la votación de la aprobación del financiamiento.
De los 109 millones de dólares, 64.2 millones están destinados a la compra de equipos como patrullas, helicópteros y un buque; $25.8 millones para cámaras y equipo de videovigilancia y lo restante para administración, imprevistos y comisiones. El presidente salvadoreño, insistió que los parlamentarios estaban obligados a asistir extraordinariamente, y les advirtió que “si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”, que alude al derecho del pueblo a la «insurrección» para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos.
El presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) convocó el sábado, ocho de febrero, a las 8 de la noche, a una sesión plenaria extraordinaria, pero sólo una cuarta parte de los 84 diputados asistieron a la convocatoria, por lo que Ponce señaló desde su cuenta de Twitter que “28 diputados presentes no se constituye quórum. Queda constancia que esta presidencia ha hecho los esfuerzos necesarios. Esta presidencia convoca nuevamente a sesión extraordinaria el día lunes a las 12 horas, una vez reunida la Comisión de Hacienda”.
Sin embargo, la exigencia de Bukele no se hizo esperar y ese mismo sábado, el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas advirtió que esa institución y la Policía Nacional Civil (PNC) esperaban las instrucciones del Presidente de la República, ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros; advertencia que fue confirmada por el Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Mientras Bukele, reveló a la Comunidad Internacional que “El Salvador está dominado por los bandos de la guerra civil, esos dos bandos continúan con la corrupción y negocian con grupos criminales. Hay videos de ellos negociando vidas a cambio de votos. El pueblo ya se cansó y el Presidente está con ellos”.
Este domingo, nueve de febrero, los simpatizantes del mandatario fueron trasladados en autobuses del Estado para que participaran de la concentración en las afueras del recinto Legislativo. Bukele se presentó a la Asamblea rodeado por efectivos del Ejército y la Policía. Los armados marcharon dentro del Salón Azul del Parlamento para apostarse en los costados y atrás de todas las curules de los diputados; Bukele ocupó la silla del presidente de ese órgano ante su ausencia y tomó el control. En ese momento dio por “abierta” la sesión plenaria extraordinaria, aunque no había quórum, acusó a los parlamentarios de cometer “desacato constitucional”, después de eso permaneció minutos en orando “para pedirle sabiduría y paciencia a Dios”, y abandonó el local.
A su salida, Bukele dijo a sus simpatizantes que había realizado una oración dentro de la Asamblea y que “le pregunté a Dios y Dios me dijo: Paciencia, paciencia, paciencia (…) El 28 de febrero todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente”, dando así un ultimátum a los parlamentarios para aprobar el financiamiento. Mientras en su cuenta de Twitter, aseguró que “me gustó ver esos curules vacíos. Se me hizo más fácil imaginarlos llenos de personas honestas que trabajen por el pueblo” y advirtió que “tal vez el 28F, tal vez cuando el pueblo lo decida”.
La toma del presidente y militares del Poder Legislativo fue vista como una acción “dictatorial” encausada a no respetar la institucionalidad de cada uno de los Poderes -Legislativo y Ejecutivo-. Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consultado por Artículo 66 aseguró que el presidente ha hecho uso de las facultades que le permite la Constitución, sin embargo, enmarcada en una mala interpretación, ya que no puede hacer la convocatoria en lo «extraordinario» sin que se cumplan los criterios de excepcionalidad.
Asimismo, este medio de comunicación consultó también a Magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes se limitaron a dar declaraciones ante el conflicto de los dos Poderes. No obstante, uno de los funcionarios, que pidió discreción con su identidad, reveló que “una ciudadana interpuso un recurso de inconstitucionalidad para que esta Sala se pronunciara (…) entiendo que en estos momentos están debatiendo los razonamientos que han interpuesto los ciudadanos, no para dirimir el conflicto sino para imponer un criterio (…); cuáles son los límites del Ejecutivo frente al Legislativo referente a la llamada insurrección popular”.
“Los jueces constitucionales hablamos a través de nuestras resoluciones, y la Sala tiene que dar una respuesta para que la ciudadanía esté segura y los representantes de los Poderes del Estado sepan a qué atenerse, porque una conducta fuera de un dictamen judicial y que va en contra de esa decisión comete un delito y eso le puede ir muy mal a cualquier funcionario”, enfatizó el Magistrado y también catálogo como “incorrecta”, “un fenómeno lamentable” el hecho que el presidente salvadoreño haya militarizado la Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia democrática de ese país.
En la mañana de este lunes, 10 de febrero, a través de un comunicado de la Casa Presidencial, Bukele hizo el llamado a la población salvadoreña a “mantener la calma ante los hechos registrados en la Asamblea Legislativa por la negativa de los diputados de no asistir a la convocatoria extraordinaria por el Consejo de Ministros”.
Después de la convocatoria del presidente del Legislativo, Mario Ponce convocó, desde su cuenta de Twitter, a una sesión plenaria urgente para este lunes, que fue suspendida dos horas después. Bukele acusó nuevamente a los parlamentarios de “mentirosos” y de castigar al pueblo al no aprobar los fondos que prometieron.
Los diputados del FMLN a través de su Secretario General, Oscar Ortiz le manifestaron a Bukele que “nosotros nos hemos enfrentado con matones, con poder y con fusiles. Nosotros estamos dispuestos a resistir lo que sea necesario por la democracia, contra los dictadores estamos dispuestos a pelear”.
