Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) sostuvieron una reunión a puerta cerrada con representantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como parte del proceso de integración a la Coalición Nacional. Por parte de la Alianza Cívica se encontraba su director ejecutivo, Juan Sebastián Chamorro; por la UNAB, Ivannia Álvarez, Violeta Granera y Tamara Dávila; por el PLC, la diputada María Fernanda Flores de Alemán y Jimmy Blandón, y la presidenta de esa agrupación política María Haydee Ozuna.
Al salir de la encerrona, uno de los representantes del PLC leyó un comunicado en el que detallaron que el encuentro fue una reunión sincera y amplia y aseguraron que en cuanto a su participación y representación en la Asamblea Nacional seguirán siendo la voz de la oposición.
? Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco se reúnen con el PLC para la Coalición Nacional https://t.co/WjyB0x9met
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) January 28, 2020
Poco después de haber sostenido el encuentro, la Alianza Cívica anunció la incorporación de nuevos integrantes propietarios y suplentes que ahora forman parte de su estructura como parte de su proceso de “fortalecimiento”.
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La escritora y poeta Gioconda Belli será la suplente del doctor Carlos Tünnermann; Noel Valdez, conocido como el “Comandante Brack”, suplirá al líder universitario, Yubrank Suazo, la doctora leonesa y víctima de la represión policial dirigida por el comisionado Fidel Domínguez, María Eugenia Alonso, sustituirá en caso que fuera necesario a José Pallais; también se incorpora Milton Zamora, quien suplirá a Daysi George; y el periodista y director de la Radio Costeñísima, Sergio León, a Marvin Hodgson.
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El abogado defensor Julio Montenegro informó sobre la reprogramación de la audiencia de juicio contra el preso político de Masaya, Norlan Cárdenas, de 32 años, debido al “reacomodo de agenda” del titular del Juzgado Sexto de Managua, quien lo reprogramó para el próximo 12 de febrero.

Cárdenas fue capturado el 30 de noviembre de 2019, y la justicia orteguista lo acusa por los delitos de obstrucción de funciones, tenencia ilegal de armas y homicidio frustrado, además, lo vincula con la supuesta banda delincuencial de «Chabelo», sin embargo, sus familiares rechazan dicha acusación y denuncian que le han negado atención médica. Ruth Martínez, hermana del reo político, catalogó la decisión del juez como “una estrategia dilatoria del régimen para tratar de desgastarnos física y económicamente”.
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La cúpula empresarial afirmó que entre 2018 y 2019 el país ha sufrido un decrecimiento económico «con severas consecuencias en la estabilidad socioeconómica, afectando el empleo, la inversión, la productividad, la competitividad, entre otros» y advierte que esta contracción se mantendrá en el 2020.