Fueron cuatro adolescentes, entre las edades de 13 a 15 años, que fueron reportadas por sus familiares a través de las redes sociales como desaparecidas en lo que va de enero de 2020.
Al cierre de este informativo, se conoció que a las cuatro adolescentes ya las habían encontrado. Aleska Rivera, originaria de La Concordia, Jinotega, estaba desaparecida desde el 22 de enero y apareció hoy “sana y salva”, al igual que Tania Sánchez, de 15 años, originaria de Nueva Segovia, extraviada desde el 19 de enero, apareció este lunes en una zona fronteriza con Honduras y fue encontrada por la Policía. En esa misma línea, Gimena Molina Aburto, de 13 años, originaria de Jinotepe, desaparecida desde el 22 de enero, apareció en manos de la Policía en El Rama; asimismo, Ana Euseda García, originaria de Chichigalpa, Chinandega, fue encontrada por oficiales de la Policía, a eso de las 11 de la mañana, en estado delicado, manifestó un familiar.
Las organizaciones feministas condenaron los sucesos y apuntaron que es una “campanada de alerta” para que la sociedad tome responsabilidad en la prevención de la violencia, ante la inacción y complicidad del régimen orteguista.
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En la misma temática, la Red De Mujeres Contra la Violencia ha documentado seis femicidios, cuyas víctimas tenían desde cinco años a más. El reciente hecho de impunidad se dio con una niña de tres años en Managua, arrollada por un pastor evangélico, quien conducía en estado de ebriedad y que días después quedó libre a pesar de las pruebas presentadas.
Contrario a este hecho, la Policía orteguista presentó este lunes a José Ocampo Aburto, de 36 años, acusado de asesinar a la adolescente, Josseling Romero, en Chichigalpa, el pasado sábado, femicidio que fue repudiado por la ciudadanía de esa localidad quienes a través de una marcha demandaron que se haga justicia.
En la Costa Caribe Sur de Nicaragua, este fin de semana la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega mantuvo en constante asedio la casa de los opositores, Daysi Godoy, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y de los activistas opositores George Henríquez y Dolene Miller. Los agentes pretendían evitar la realización de una Asamblea. La integrante del Consejo Político de la UNAB junto a Henríquez fueron víctimas de retención, revisión y malos tratos por parte de los policías.
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En el ámbito internacional, el Informe Anual 2019 del Instituto Casla, presentado en Madrid, el 17 de enero, reveló la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia en la planificación y comisión de crímenes de torturas contra opositores en Venezuela. La organización identificó que en 2018 y 2019, los conocidos como «isleños» introdujeron innovaciones para aumentar el dolor en las técnicas de asfixias, descargas eléctricas, colgamientos y violencia sexual contra los adversarios al régimen de Nicolás Maduro.
