El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) hizo oficial la aplicación al recorte de subsidio al servicio de energía eléctrica, esto de conformidad a la Ley 971 aprobada por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional en el 2018. A partir de febrero, los más de 800 mil hogares nicaragüenses verán reflejado un aumento en su factura de energía.
Los funcionarios del régimen le advirtieron al doctor José Luis Borgen que de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser enjuiciado bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. El galeno Carlos Quant también fue citado.
El sector más afectado es el del subsidio social o conocido como clientes con tarifa domiciliar, que son los que consumen entre 100 y 150 kilovatios horas por mes. En este rango el gobierno de Nicaragua para este año redujo el subsidio entre un 25 y 35 por ciento, a diferencia de diciembre de 2019 que el Estado de Nicaragua asumía hasta un 40 por ciento del total de la factura.
«Yo diría que el más afectado es el consumidor de bajo nivel de ingreso porque recordemos que vive de sus niveles salariales o de ingreso y en este país ya llegamos a un segundo año consecutivo que no hay ajuste salarial, sin embargo la energía, además del ajuste tiene un doble costo porque está dolarizada ante lo cual cada deslizamiento significa un aumento en la tarifa», explicó a Artículo 66 el economista Luis Murillo.
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Con este recorte al subsidio familiar, los nicaragüenses deberán asumir casi el 70 por ciento del pago de su factura, de acuerdo al consumo generado. «Esto realmente viene afectando a todos los nicaragüenses, pero sobre todo viene a afectar al sistema económico de este país porque recordemos que cualquier proceso productivo necesita de la energía eléctrica como insumo para poder generar valor agregado», agregó Murillo.
Para quienes consumen menos de 150 kWh el porcentaje de subsidio se irá disminuyendo gradualmente, sin embargo los que superan los 100 kWh entre 2020 y 2022 se les aumentará el impuesto sobre su factura, hasta reducirse el subsidio en un 25 por ciento, lo que representará un duro golpe para el bolsillo de los nicaragüenses.
La Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2017 un préstamo de 65 millones dólares, el cual fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer el sistema eléctrico; no obstante, este crédito impone la reducción de subsidios y un aumento del cobro por ajustes periódicos de la tarifa energética con base en las variaciones del costo de la generación de energía.
Actualmente, las facturas incluyen tres cargos: por energía, por comercialización y por alumbrado público, pero, a partir de 2018, se añadió el Importe del Valor Agregado (IVA). En este año se registrará una reducción en el subsidio para los consumidores de menos de 100 kw/h al mes, a quienes se les irá reduciendo de forma gradual.
Cárcel para los morosos
En octubre de 2019, la Asamblea Nacional controlada en su totalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo; aprobó la reforma al artículo 5 de la Ley 554, «Ley de Estabilidad Energética», que permite a la distribuidora de energía eléctrica Unión Fenosa poder abrir procesos judiciales contra clientes que presenten atrasos en sus facturas.
De acuerdo a la modificación de último momento que realizaron los diputados orteguistas, esta medida será aplicada únicamente a los ciudadanos o empresas que consuman más de 300 kilowatts por mes.
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Hasta marzo de 2019, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) registró más de un millón de clientes, de los cuales unos 16,500 están en mora con la distribuidora de energía eléctrica Disnorte-Dissur.
