El 30 de diciembre de 2019, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y mandó a sus casas a 91 presos políticos bajo la condición de “convivencia familiar”. Los ciudadanos habían permanecido secuestrados por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, perpetrados por grupos paramilitares y oficiales de la Policía Nacional. Para abogados penalistas, esta ley es aplicada ilegalmente, ya que ni siquiera han llevado procesos penales.
El cambio de medida carcelario lo establece en Nicaragua la Ley 473 “Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la pena” en su artículo 60, “régimen de convivencia familiar”, que se establece como un período previo a la libertad definitiva, cuyo objetivo es “fortalecer las relaciones del privado con su núcleo familiar, preparándolo para su vida social al recuperar su libertad”.
#ÚltimaHora Delincuentes del FSLN, a bordo de motocicletas y con cascos en la cabeza, llegaron a la casa de la exprisionera política y líder universitaria Amaya Coppens, en Estelí a apedrear la vivienda. Destruyeron los ventanales. #Artículo66 #DerechoAInformar pic.twitter.com/8q12biAkBl
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) January 1, 2020
Esta condición de “convivencia familiar” ha sido rechazada por familiares de los excarcelados y por los mismos excarcelados. Para la abogada penalista y catedrática de la Universidad Centroamericana (UCA), María Asunción Moreno, la regulación legal del régimen de convivencia familiar en el caso de la excarcelación de los 91 presos políticos en los que se incluye los de la autonombrada “Banda de los aguadores”, es aplicada ilegalmente, ya que según Moreno “la mayoría de los excarcelados políticos no han sido sentenciados y menos condenados”.
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En el mismo artículo, reza que “se podrán ubicar a los ciudadanos que en general no posean antecedentes penales, siempre y cuando los delitos por los cuales hayan sido procesados y condenados no sean aquellos que por su naturaleza no aceptan fianza de ningún tipo ni otra medida sustitutiva a la prisión”.
El abogado penalista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darce, en una entrevista concedida a Canal 10, coincidió con la aplicación de la ley ilegal en los casos de los excarcelados políticos. “En los últimos casos, estas personas no son condenados, ni sentenciados, por lo tanto, no cabe ese tipo de medida, sin embargo, ha sido una política del Estado de Nicaragua, liberar a las personas independientemente de su situación legal en ese tipo de condiciones”.
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También remarcó que las garantías de las personas excarceladas en la realidad son nulas. Tamara Zamora, madre de la líder estudiantil excarcelada Amaya Coppens, se mostró indignada ante el cambio de medida carcelaria y manifestó que “Amaya al igual que los demás excarcelados políticos estuvieron detenidos ilegalmente ahora según ellos los “liberan”, pero esto no es libertad porque los procesos judiciales inventados en su contra aún continúan, mi hija no puede salir de la casa y estando en ella hemos sufrido amenazas y asedio”.
Por otro lado, Hansell Quintero uno de los excarcelados y miembro de la autonombrada “La banda de los aguadores”, en una entrevista concedida a Artículo 66 manifestó que al salir de El Chipote nadie les habló de liberación. “A las cuatro de la mañana, llegó el Comisionado Ruiz nos dijo que sacáramos nuestras cosas porque íbamos a ser enviados a nuestras casas. No se nos dijo nunca la palabra de libertad, porque nuestros procesos continúan, nos dieron convivencia familiar y nos prohibieron salir de país y visitar algunos lugares”.
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