Este lunes, 30 de diciembre, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cambió el régimen carcelario a 91 presos políticos, sin embargo, aún mantiene secuestrados a más de 70 ciudadanos, a quienes acusa de delitos comunes, tales como tráfico de armas, posesión de drogas, fabricación de bombas de contactos, homicidio, posesión de drogas, robo, entre otras acusaciones.
Solo en la ciudad de Masaya, el régimen de Daniel Ortega mantiene cautivos a más de 10 ciudadanos, quienes levantaron su voz en contra de la dictadura.
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Artículo 66 logró contabilizar a nueve presos políticos de la Ciudad de Las Flores que no fueron liberados, entre los que figuran Edward Enrique Lacayo, conocido como “La loba feroz”, condenado a 15 años de cárcel por los delitos de tenencia y tráfico de drogas.
También está el excarcelado político José Santos Sánchez, secuestrado en el mes de noviembre y acusado de posesión de drogas, Mauricio Javier Mendoza Valencia, encarcelado el dos de julio y señalado de posesión de bombas de contacto, Gabriel Ramírez Somarriba, sacado de su casa el 13 de junio y acusado de tirar una bomba de contacto a una fanática orteguista, Norlan Cárdenas, un joven de 31 años, a quien vinculan con la supuesta banda delincuencial “Chabelo”, aunque su familia asegura que nunca ha estado involucrado en actos delictivos, lo único que hizo es ser opositor al régimen de Ortega.
Otras personas que aún siguen en los calabozos de la dictadura son: Erickson Antonio Calero Díaz, exalumno del profesor y exreo político Gabriel Putoy, quien fue secuestrado el nueve de diciembre por la Policía orteguista mientras se dirigía en su motocicleta hacia Tipitapa, ahora el régimen lo acusa de obstrucción de funciones, Denis Javier palacio Hernández, secuestrado el 23 de julio de este año, acusado de fabricar bombas de contacto.
Los otros dos ciudadanos todavía prisioneros son los hermanos Víctor Alfonso y Uriel Pérez acusados de portación ilegal de armas y sustancias ilícitas, pero según su abogado defensor Julio Montenegro, existen pruebas suficientes que demuestran que son autoconvocados y que estuvieron en las protestas en contra del Gobierno y que por esos motivos les han inventado otras acusaciones.
Medidas cautelares mal aplicadas
Por su parte, el abogado defensor de derechos humanos Julio Montenegro, afirma que el cambio de medidas cautelares a los 91 presos políticos está mal aplicado por la justicia orteguista, porque estas modificaciones se hacen únicamente cuando los beneficiados están condenados o encontrados culpables. “Era necesario que todos los presos políticos que salieron hubiesen sido liberados en su totalidad, porque no existe un argumento legal por el que estén privados de libertad, pero sabemos que el gobierno lo hace para mantener vivo el proceso”.
Además, Montenegro dijo a este medio de comunicación que de la lista que emitió el Ministerio de Gobernación, hay 15 ciudadanos que él confirma que son presos políticos, pero que en comunicación con otros defensores de derecho humanos, afirman que la mayoría son secuestrados políticos. “Aún seguimos analizando la lista de liberados, pero hasta donde hemos ido examinando, muchos de los que están en esa lista son presos políticos”.
Artículo 66 se comunicó con familiares de presos políticos de Masaya que aún siguen privados de libertad, estos afirman que seguirán exigiendo los saquen de prisión, porque son inocentes. “No salió mi hermano, esto es muy triste, pero Dios quiera que pronto lo tengamos en casa, porque es inocente”, dijo una hermana del preso político Mauricio Javier Mendoza Valencia.
