El juez orteguista Cruz Adalberto Zeledón, suplente del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua se lanzó un maratón que arrancó a eso de las siete de la noche del sábado, 30 de noviembre y concluyó a las cuatro de la mañana, del primero de diciembre de 2019, para remitir a juicio oral y público a los 16 miembros de la banda de «Los Aguadores», quienes están siendo procesados por intentar llevar agua a los familiares de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
«El proceso duró doce horas, desde las cuatro de la tarde que llegamos a los Juzgados hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. Empezamos con el proceso de un incidente de nulidad, que tenía que ver con la reprogramación de la audiencia preliminar con la inicial en vista que la norma contempla que son menos de diez días, sin embargo el judicial al reprogramarlo para ayer sábado violenta de manera abierta lo que establece la norma», refutó el abogado Julio Montenegro.
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Aunque la audiencia inicial estaba programada para las cinco de la tarde, se retrasó más de dos horas. El juicio fue programado para este 30 de enero de 2020. Durante el proceso los abogados defensores presentaron varios recursos de reposición, sin embargo, todos fueron rechazados por el juez suplente.
«De todo lo que propusieron las defensas, a ninguno le dio lugar, posteriormente se habló sobre las pretensiones de la audiencia inicial, el intercambio de pruebas por parte de la fiscalía que no reunía los requisitos, ni debería ser elevado a juicio. También todos (los abogados) hicimos una solicitud de cambio de medida cautelar, sin embargo esta no fue atendida por el judicial», manifestó la abogada Carla Sequeira.
El Ministerio Público presentó como elementos de prueba testimoniales de los investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial, peritos de laboratorio, investigadores que realizaron los recibos de ocupación, los que elaboraron las actas de detención, fotografías, residuos de pólvora de armas, supuestamente detonadas. «Lo que es todo el acervo probatorio de la Fiscalía se basa en testimoniales de la Policía», señaló Montenegro.
Pese a la solicitud de las defensas, el judicial mantuvo como medida cautelar prisión preventiva «a pesar de que se le dijo que algunos eran profesionales, algunos son traductores, deportistas, sin embargo esa no fue razón suficiente para que el juez determinara que se le pudiera dar medidas alternas.
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Entre los 16 jóvenes procesados, 13 de ellos son miembros activos de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La dictadura los acusa por el delito de portación y posesión ilegal de armas de fuego.
Los miembros de “La banda de los aguadores” son: Ivana Álvarez Martínez, Melvin Antonio Peralta Centeno, Marvin Samir López Ñamendiz, Amaya Eva Coppens Zamora, María Margarita Hurtado Chamorro, Neyma Elízabeth Hernández Ruiz, Jesús Adolfo Teffel Amador, Derlis Francisco Hernández Flores, José Dolores Medina, Atahualpa Yupanqui Quintero Morán, Wendy Rebeca Juárez Avilés, Olga Sabrina Valle López, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Roberto Andrés Buchting Miranda, Jordan Irene Lanzas Herrera y Hansell Amaru Quintero Gómez, quienes se suman a la lista de los 161 presos políticos que mantiene la tiranía secuestrados ilegalmente.
Los opositores fueron detenidos el 14 de noviembre, a eso de las 11 de la noche, saliendo de Masaya, luego de intentar llevar agua a los huelguistas, quienes exigían la libertad de todos los reos de conciencia, como parte de la campaña “navidad sin presos políticos”.
En este momento, la dictadura Ortega-Murillo mantiene encarcelados a 168 personas por ejercer su derecho constitucional a la protesta, según la última lista publicada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entre los prisioneros hay ocho mujeres.
