El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió sancionar a tres funcionarios más del régimen orteguista: Ramón Antonio Avellán, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, y Roberto José López Gómez, a quienes señalan de abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. La orden ejecutiva se aplicó a las fichas de la dictadura “que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quien manipula las elecciones; y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción”.
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La medida impuesta por el Gobierno de Donald Trump especifica que “todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”.
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En esta lista, incluyen al subdirector de la Policía bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Ramón Avellán, a quien se le considera el ejecutor de la “matanza” en Masaya en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, que solo en esa ciudad cobró la vida de más de 35 ciudadanos, la gran mayoría, manifestantes que se levantaron contra las imposiciones de la tiranía.
Entre los argumentos que inculpan a Avellán como uno de los principales responsables del derramamiento de sangre que dejó luto y dolor a Nicaragua destacan que la Policía, donde él es director general adjunto, es “una entidad que tiene o cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Lo responsabilizan de la “Operación Limpieza”
El Departamento del Tesoro también remarca que “Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales”. Su rostro, en Masaya y Carazo, representa, según los ciudadanos que se oponen al orteguismo, la represión ejercida desde el poder.
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Igualmente, resaltan que el comisionado “dirigió la “Operación Limpieza” en nombre del presidente (Daniel) Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Los ataques de la Policía Nacional de Nicaragua y parapolicías bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos”.
