El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones para funcionarios al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En esta ocasión, los designados fueron: el comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía orteguista y quien dirigió la represión en Masaya y Carazo durante las protestas, el magistrado Lumberto Campbell, presidente interino del Consejo Supremo Electoral, y al director del Instituto de Seguridad Social (INSS), Roberto López. A las fichas del orteguismo las ubican como perpetradores de violaciones de derechos humanos, ejercidas a través de estas instituciones del Estado, durante el estallido social en abril de 2018, además de estar envueltos en la corrupción del Seguro Social, misma que provocó el descontento de los estudiantes, jubilados y ciudadanía en general que se rebelaron contra el dictador y su mala administración.
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Con estos tres nuevos integrantes al club de sancionados ya suman 15 funcionarios orteguistas a quienes Estados Unidos tilda como delincuentes internacionales y puede bloquearle sus bienes, entre ellos: Rosario Murillo, mujer de Ortega, y Laureno Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial. En el caso de los nuevos“premiados, las causas específicas por las que se les incluye en el selecto grupo son: a Ramón Avellán, por abuso de derechos humanos; a Roberto López, por actos de corrupción, y a Campbell, por fraudes electorales.
Ante la nueva medida del gobierno de Donald Trump, las reacciones no se hicieron esperar y aunque el régimen intenta minimizar las consecuencias de esas sanciones, los expertos y políticos afirman que la medida es grave porque golpea de forma directa al círculo represor y económico de Daniel Ortega. La exguerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez, recalcó que el mensaje de Estados Unidos es claro porque sigue castigando a la Policía para exigir la renovación de la institución que ha sido el órgano represor de la dictadura y en el caso de López, “se sigue golpeando el círculo del dinero de los Ortega-Murillo. El INSS ha sido una gran caja donde los Ortega-Murillo han metido y sacado dinero lavado. Además, han utilizado la plataforma del INSS para un entramado de negocios con medicamentos, con inmuebles y bienes raíces donde está comprometido su capital”.
Mientras, el exembajador Bosco Matamoros aseguró que esto aísla más al país y se van “convirtiendo en una sociedad donde el Estado está disminuyendo su capacidad de funcionar a consecuencia de estas sanciones”.
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La excongresista Ileana Ros-Lehtinen también se pronunció y a través de sus redes sociales aplaudió la decisión del Departamento de Estado. Ros-Lehtinen escribió en su cuenta de Twitter: “aplaudo la decisión de sancionar a 3 más de los títeres de Ortega. La lista debe continuar e incluir a los demás asesinos y corruptos de ese régimen que por más de 12 años han secuestrado la libertad y democracia en Nicaragua”.
Aplaudo decisión de @USTreasury de sancionar a 3 más de los títeres de #Ortega. La lista debe continuar e incluir a los demás asesinos y corruptos de ese régimen que por más de 12 años ha secuestrando la libertad y democracia en #Nicaragua. https://t.co/TQhkb3S37y
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) November 7, 2019
La crítica del régimen en diversas ocasiones ha condenado las acciones de la dictadura contra los ciudadanos que han pedido libertad para Nicaragua y ha solicitado se respete la Constitución Política y que hayan reformas electorales para garantizar comicios transparentes y observados. Igualmente, fue una de las que encabezó la petición para la aprobación de la Ley Nica Act, con la que se frenan los desembolsos a la tiranía por parte de organismos multilaterales.
Las casas de los excarcelados políticos Santiago Fajardo, líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, y la del comunicador social Marlon Powell fueron asediadas por la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Santiago Fajardo, desde las 9:30 de la mañana de este jueves, dos patrullas se estacionaron afuera de su casa. “El oficial que estaba a cargo me dijo que venían por mi “culo”. Yo les dije que no fuera vulgar, que se comportara, porque ellos están para servir al pueblo, pero no hicieron caso. Ya ha pasado más de una hora y siguen aquí”. Aparentemente, la intimidación se debió a que se filtró información sobre un piquete exprés que realizarían los exprisioneros en esa ciudad.
